El TC multa con 12.000 euros diarios a Jové y a la sindicatura electoral

No parecía fácil que el Tribunal Constitucional mantuviera la unanimidad que ha caracterizado sus últimas resoluciones sobre el referéndum del 1-O al hacer uso de las nuevas facultades que le confirió el PP en la reforma de su ley reguladora. Pero la gravedad del desafío lo ha hecho posible. Tres de sus cuatro magistrados considerados progresistas han dejado constancia de sus recelos ante estas medidas coercitivas en un voto concurrente, pero al final han avalado la imposición de multas diarias a los responsables electorales del Govern hasta que dejen de desobedecerle.

El pleno ha impuesto multas diarias de 12.000 euros, "por su posición nuclear en la celebración del referéndum", a los siete miembros de la sindicatura electoral y al responsable de la Administración Electoral del Govern y número dos de Oriol Junqueras en Economia, Josep Maria Jové, detenido en la operación del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para impedir el plebiscito. Las multas a la jefa del área de procesos electorales, Montserrat Vidal Roca, y a los 15 síndicos de las demarcaciones territoriales, por ignorar las resoluciones dictadas desde que el TC suspendió el andamiaje legal del Parlament para el 1-O, son de 6.000 euros porque colaboraron en el incumplimiento, pero sin la reiteración ni la jerarquía de los anteriores.

Los responsables electorales de la consulta suspendida por el TC solo evitarán este pago si renuncian a su responsabilidad antes de que transcurran 24 horas desde que las multas se publiquen en el 'Boletín Oficial del Estado'. Si no lo hacen, a partir del día siguiente, empezarán a pagar. El abanico de multas empieza en 3.000 euros, pero el pleno ha optado por la franja superior ante "las graves consecuencias que para el interés general supone la posibilidad de que se lleve a cabo" la consulta.

Tres días para alegar

Es la primera vez que el alto tribunal impone estas multas sin oír a las partes. Ahora el fiscal y los afectados disponen de tres días para presentar alegaciones, tras lo que el tribunal las "levantará, confirmará o modificará". En sus autos, los magistrados entienden que ese plazo evita "cualquier atisbo represivo o de castigo" en la cantidades fijadas.

Los magistrados María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés -los dos últimos consideraron inconstitucionales las nuevas armas con las que el PP dotó al TC- sostienen que las multas coercitivas pueden situar al tribunal en "un papel que desdibuja su naturaleza primaria", pero en este caso admiten su idoneidad para remover una situación que lleva a ignorar la "fuerza ejecutiva" de sus sentencias.

El tribunal ha remitido a la fiscalía la actuación de los síndicos y de los responsables electorales. El ministerio público ya se querelló contra Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge, Josep Pagés, Josep Costa y Eva Labarta por usurpación de funciones, desobediencia y malversación.