Maza: "Actuaremos enérgicamente ante amenazas a los no independentistas"

Enlaza una reunión con otra. A la carga de trabajo habitual de la Fiscalía General del Estado se le ha sumado la intensa actividad que ha desplegado para impedir el 1 de octubre. José Manuel Maza (Madrid, 1951) atiende a EL PERIÓDICO en la calle Fortuny con la seguridad del que está convencido de haber hecho lo que tenía que hacer, pero es consciente de que aún queda trabajo por delante.

-¿Se va a actuar por las amenazas que están recibiendo los no independentistas?

Estamos muy preocupados. Estoy seguro de que lo está haciendo una minoría. A todos los que están, a mi juicio, actuando en grave ilegalidad no les atribuyo esa conducta, que es de unos totalitarios absolutos. Llevamos ya cinco o seis denuncias de los aludidos (en los carteles) del señalémosles. Son actitudes de todo punto intolerables y vamos a mandar una instrucción a los fiscales para que reaccionen lo más rápido y enérgicamente posible para devolver la tranquilidad a estas personas.

Se puede discutir todo. Se puede hasta cometer delito, si uno cree y está en la convicción de que debe cometerlo, y ya es mayor de edad y se atiene a las consecuencias, pero lo que es intolerable es amenazar a la gente y quererle meter miedo, terror.

-¿Cree que debe aplicarse el artículo 155?

Yo lo único que le puedo decir es que de cara al 1 de octubre, a mí no se me ocurre que la fiscalía necesite un marco como el del 155 para poder evitar que no se cometa ese hecho ilegal. Nosotros no tenemos necesidad de ese artículo, pero es una decisión política que a mí no me corresponde.

-¿Qué cree que pasará el 1 de octubre?

Estoy francamente convencido de que no se va a poder votar. Las actuaciones policiales están excluyendo muchas de las herramientas para la votación. Creo en la serenidad y el sentido común de la inmensa mayoría de los catalanes, aunque también es cierto que me imagino que alguna votación limitada en algún lugar se producirá. Eso es inevitable. Pero una consulta a la ciudadanía para tener su respaldo, para decir que hay una mayoría que quiere la independencia, estoy seguro de que no va a haber el 1 de octubre.

-¿Y el día 2?

Ahí quizá sea el momento de que otros actores entren en el escenario y que vean si esto tiene algún tipo de tratamiento político o no político. Pero lo que es la reacción de la fiscalía desde el punto de vista penal a raíz del día 2, salvo lo que pueda haber ocurrido hasta el día 1, confío que esté agotado y que lo único que quede sea depurar responsabilidades, pero ya no con nuevos incidentes.

-¿Por qué la fiscalía ha actuado de forma tan distinta al 9-N?

La propia propuesta del 9-N, el significado que se le daba no era el de una consulta tan determinante, sino, casi diría yo, de sondeo de opinión, lo que hacía que la reacción de la fiscalía no tuviese que ser tan enérgica. En aquel momento podía haber ciertas dudas del alcance ilegal de lo que se estaba haciendo. Ahora el contenido y circunstancias de esta convocatoria y la experiencia del 9-N justifican una respuesta distinta.

-¿Cree que la apertura de diligencias fiscales a 712 alcaldes dificultará una solución a través del diálogo?

El problema de la ley, una vez que se han cometido hechos que puedan ser constitutivos de delito, es que el diálogo no cabe en principio. Otra cosa es que se atienda a las circunstancias de cada uno. Precisamente el objeto de abrir las diligencias y tomar declaración a los alcaldes es por si alguno de ellos de alguna forma recapacita y abandona el compromiso que tiene de colaborar en el hecho delictivo. Sin perjuicio de que ya el mero hecho de haber firmado esos decretos (de cesión de locales) ya tiene cierta relevancia penal, por eso se abren las diligencias.

-Pero, las diligencias han recibido críticas de fiscales, de partidos…

Ante un desafío así el Estado de Derecho no puede abdicar de su convicción y de su actuación por el número, siendo como es una actuación igual de todos en principio. Vamos a discriminar cuando vayan prestando declaración, porque puede haber supuestos diferentes. Son diligencias de investigación, aún no hemos presentado querellas, para preguntarles por qué han firmado y si son conscientes de la ilegalidad, y si lo van a llevar a cabo. El Estado de derecho no se puede quedar impávido porque sean muchos.

-¿Por qué no se impidió el acto de Tarragona?

La Fiscalía ha adquirido mucho protagonismo y se piensa que estamos dando instrucciones para todo… Yo no sé cómo se puede disolver, sin que el mal sea peor que la solución, una concentración de 8.000 personas. La fiscalía dio instrucciones para impedir todo lo que se pueda, pero con el criterio de proporcionalidad con el que actúan las fuerzas de seguridad. A mí que se reúnan 8.000 personas a vitorear el referéndum no me parece delictivo en absoluto. Pero los que organizan ese acto y por supuesto los que cobran o pagan por organizarlo, si es con dinero público, merecen otra consideración. Por eso, la fiscalía de Tarragona abrió diligencias, porque ahí puede haber un delito de malversación. Además, estoy seguro de que puede haber gente interesada en que se provoque una alteración del orden público y ni el Estado ni el Gobierno ni la fiscalía vamos a caer en esa trampa de alimentar planteamientos victimistas de que se nos se persigue y se nos castiga injustamente. Nunca se ha hecho ni se va a hacer.

-¿Se va a actuar contra quienes participen en las mesas?

El mensaje que mandamos es que no vayan, porque no están obligados y si van, colaboran activamente en un acto declarado ilegal. ¿Qué se hará con esas personas? Habrá que verlo. El Estado de derecho tiene que actuar con toda eficacia y firmeza, pero también con sentido común y ser razonable. No me veo presentando querellas contra 10.000 personas. Pero dependiendo de la participación de cada una y viendo los hechos que puedan suceder, se pueden tomar medidas contra cualquiera.

-¿Qué les diría a los catalanes?

Me empeño en decirles que les están engañando, que les están diciendo que son actos legales al amparo del derecho internacional. Esto es una ilegalidad que está fomentando el enfrentamiento incluso en el seno de las familias. No puede ser un proceso constructivo cuando lo que esta produciendo es un problema tremendo.

Cada uno puede tener sus ideas, puede defenderlas, pero cuando se tiene un Estado democrático, uno puede forzar el acelerador al máximo para la reforma, si se quiere, pero respetando las leyes. Si no se consigue esa reforma, nunca pueden saltarse las leyes, que al final son la garantía de todos para la convivencia, la paz y la tranquilidad.

-¿Lamenta la desaparición de la sedición impropia del Código Penal?

Sería conveniente que existiera ese tipo de figura como existen en todos los países que yo conozco y como ha existido en España desde el siglo XIX. Aquí se suprimió en el 95 y tenemos lo que tenemos. Alguien puede apartar un territorio de España y mientras no incurra en actos de tumulto o de violencia queda impune. Todo lo que estamos viendo compone varios delitos pero no sedición. No tenemos más que la sedición propia y la rebelión y si en algún caso entendemos que se produce, actuaremos en consecuencia.

-Muchos catalanes se sintieron ofendidos cuando dijo que estaban “como abducidos”

Pido disculpas, no me gusta ofender. Yo lo que quería decir es que sus mentes están secuestradas por esta especie de fábula de que hay un derecho a decidir y que se puede suplantar la soberanía de todos los españoles por la de solo un territorio. Es el mensaje de que España nos roba. Me dolió que se quisiera comparar Catalunya con Lituania, porque me parece absolutamente ofensivo para los lituanos por lo que pasaron con la Unión Soviética y la Alemania Nazi. Cualquiera de nosotros hemos paseado por Cataluña y no hemos visto represión y torturas.