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Comisiones y cambios legales: así reaccionaron Francia, EEUU, Reino Unido y España a los atentados

Idoya Noain / Begoña Arce / Juan Ruiz Sierra / Eva Cantón / Carles Planas Bou

Tareas de rescate tras la explosión de varios trenes en Madrid. 

Tareas de rescate tras la explosión de varios trenes en Madrid.  / REUTERS / KAI PFAFFENBACH

Así reaccionó EEUU al 11-S: leyes más restrictivas

A la violencia radical del 11-S, los cuatro atentados coordinados en 2001 en los que perdieron la vida casi 3.000 personas, se respondió en Estados Unidos con un impulso legislativo no menos radical. La pieza más destacada y relevante de esa respuesta fue la Ley Patriota, aprobada por el Congreso y firmada poco más de un mes después de los ataques, pero hubo un auténtico torrente de iniciativas legislativas y ejecutivas (más de 130 presentadas), de las que 48 acabaron convertidas en leyes o resoluciones.

La Ley Patriota dio autoridad sin precedentes tanto a agencias de la ley como a la comunidad de inteligencia para combatir e investigar el terrorismo, expandiendo programas de vigilancia de organismos como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y abriendo las puertas a otras polémicas medidas, como la Ley de Tratamiento de Detenidos de 2005 y la Ley de Comisiones Militares de 2006, que avalaron las detenciones militares indefinidas en Guantánamo y autorizaron los juicios militares para combatientes enemigos.

En respuesta a los atentados, además, se reestructuró el Gobierno, al que se añadió el Departamento de Seguridad Nacional, que aglutinó a otras agencias como el servicio de Inmigración. Según un análisis publicado en el 2010 por The Washington Post, más de 263 organizaciones gubernamentales se crearon o reorganizaron tras los ataques, una expansión que obligó al Gobierno a establecer la Oficina del Director Nacional de Inteligencia para tratar de controlar la colosal nueva estructura.

La creación de esa oficina fue una de las recomendaciones que había hecho al gobierno la Comisión del 11-S, el panel bipartidista (con cinco republicanos y cinco demócratas) que se estableció en el Congreso para investigar los atentados. Empezó a funcionar el 27 de noviembre de 2002 y se disolvió el 21 de agosto de 2004 tras realizar más de 1.200 entrevistas y revisar más de 2,5 millones de documentos. Ese trabajo fue la base para preparar el informe (publicado el 22 de julio de 2004) en el que se atribuyó responsabilidad de los ataques a los fallos del FBI y la CIA.

En respuesta al 11-S se promulgaron también normas como la Ley de Seguridad de Aviación y Transporte o la que reformó para reforzar los controles de la inmigración, transformada desde entonces en un asunto de seguridad nacional y elemento clave de lo que George Bush denominó “la guerra contra el Terror”.

Así reaccionó el Reino Unido al 7-J: exigencia de mayor coordinación

El 7 de Julio del 2005 cuatro atentados suicidas, casi simultáneos, en la red de transportes de Londres acabaron con la vida de 52 personas y dejaron heridas a más de 800. Sobre lo ocurrido comenzaron a circular todo tipo de teorías conspiratorias. Finalmente cinco años más tarde, bajo la presión de víctimas y familiares, comenzó una investigación independiente, presidida por la jueza Heather Hallet. El retraso se justificó oficialmente por la necesidad de que los servicios de seguridad completaran sus respectivas investigaciones.

La juez prometió llevar al cabo su trabajo de la manera más abierta posible, pero sin que eso implicara poner en peligro la seguridad nacional. La vista y las deliberaciones duraron siete meses. Las familias reprochaban a los servicios secretos del MI5 el no haber impedido los ataques, a pesar de tener en su radar a dos de los cuatro yihadistas del comando. La conclusión fue que lo ocurrido no pudo preverse y era injusto culpar al MI5 de no haber prestado mayor atención a los dos extremistas sospechosos. En las conclusiones hubo nueve recomendaciones sobre la mejora en la valoración de sospechosos por parte el MI5 y más ampliamente sobre la coordinación de la red de transportes, el servicio de ambulancias y los bomberos en este tipo de situaciones. Tras el atentado esa revisión se realizó en profundidad y su mayor eficacia ha quedado probada en posteriores ataques.

Los atentados del 2005 también cambiaron para siempre la legislación antiterrorista británica. “Que nadie tenga la menor duda. Las reglas del juego han cambiado”, aviso dos semanas después de los hechos, el entonces primer ministro laborista, Tony Blair. Se tramitó por el procedimiento de urgencia en el parlamento una nueva legislación antiterrorista, según la cual se convertían en delito los “actos preparatorios de terrorismo”, como acceso a los portales que ofrecen información sobre tácticas de ataques o fabricación de explosivos.

También se endurecía la ley contra quieres buscaran o proporcionaran entrenamiento directamente o indirectamente relacionado con el terrorismo. El Gobierno intentó introducir un periodo de detención preventiva de 90 días, que dada la controversia, quedó reducido a 28 días. Todos esos cambios quedaron recogidos en sendas leyes en el 2006 y el 2008. Su aplicación permitió al Banco de Inglaterra congelar los bienes de los sospechosos de terrorismo, cuyas detenciones se incrementaron considerablemente. Desde entonces las fuerzas antiterroristas han impedido decenas de ataques, lo que no ha librado al Reino Unido de nuevas atrocidades. 

Así reaccionó España al 11-M: una comisión con conclusiones demoledoras

La comisión de investigación sobre los atentados terroristas del 11 de marzo del 2004, que causaron 193 muertos, se creó en el Congreso de los Diputados por unanimidad. Todos los grupos consideraron que la tragedia, con su impacto en las elecciones generales de tres días después debido al enorme rechazo ciudadano que suscitó la gestión que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar, merecía un organismo parlamentario de este tipo. A partir de ahí no hubo consenso posible. Por un lado estuvo el PP y por otro el resto de partidos (PSOE, IU, CiU, ERC, PNV y CHA), que al final, ocho meses después de que se constituyera la comisión, aprobaron con el voto en contra de los conservadores unas conclusiones demoledoras.

Con su insistencia en vincular a ETA en el atentado pese a que todos los datos señalaban al terrorismo islámico, Aznar “manipuló” y “tergiversó” la información tras la masacre con fines electorales. La gestión, concluyó el documento, fue “egoísta” e “impropia de un Gobierno en democracia”.

Por la comisión pasaron porteros de fincas, forenses, policías, guardias civiles, sociólogos, altos mandos del espionaje, jueces, fiscales, expertos en el mundo árabe, ministros, exministros y excomisarios europeos, pero los comparecientes más sonadas fueron tres: Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Pilar Manjón.

Lejos de admitir algún error en la gestión del 11-M, Aznar acusó al PSOE de “aprovecharse para ganar las elecciones” mientras él “intentaba detener a los criminales”. Pidió que se investigase la presunta relación entre ETA y el terrorismo yihadista. “No creo que los autores intelectuales anden en desiertos muy remotos”, dijo. Zapatero le contestó desde el mismo asiento dos semanas más tarde. “Poner en duda que se está investigando es una irresponsabilidad, como decir que los autores no están en montañas y desiertos. Es verdad. Estaban en Lavapiés, en Leganés y en Morata de Tajuña”, señaló el entonces presidente, en referencia a los lugares de Madrid donde fueron detenidos o murieron.

Pero todo quedó eclipsado por la voz de la presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo. “Han hecho política de patio de colegio. Venimos a reprocharles sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban?”, preguntó Manjón, madre de una víctima del atentado. Los diputados, por vez primera, guardaron silencio.  

Así reaccionó Francia al 13-N: un estado de emergencia que aún dura

La principal consecuencia jurídica de los atentados cometidos el 13 de noviembre del 2015 en París fue la declaración del estado de emergencia en todo el país. Este régimen excepcional, que entre otras cosas permite registros sin mandato judicial y arrestos domiciliarios, se ha prolongado seis veces.

Antes del próximo 1 de noviembre, fecha en la que expira la última prórroga, será sustituido por una nueva ley antiterrorista que, en esencia, incorpora al derecho común muchas de las medidas restrictivas del estado de emergencia.

El actual ministro del Interior, Gérard Collomb, plantea dar a los delegados del Gobierno (Prefecturas) la potestad de restringir el perímetro geográfico por el que podrán moverse los individuos con una orden de arresto domiciliario y cerrar lugares de culto si consideran que incitan a cometer actos terroristas.

En mayo del 2016, el Gobierno del entonces primer ministro Manuel Valls presentó un plan de detección y prevención de la radicalización y meses después abrió el primer centro de reinserción. Pero los resultados fueron decepcionantes y el actual Ejecutivo decidió su cierre el pasado agosto.

Paralelamente, durante el último tramo del mandato de François Hollande se reformó el procedimiento penal para permitir a policías, jueces y fiscales usar métodos antes reservados a los servicios secretos, como ‘pinchar’ teléfonos o interceptar correos electrónicos.

Los ataques contra la revista ‘Charlie Hebdo’, en enero del 2015, y los de las terrazas parisinas y la sala Bataclán de noviembre fueron objeto de una comisión de investigación parlamentaria. Su misión fue analizar los medios empleados por el Estado para luchar contra el terrorismo. Tras cinco meses de trabajos, la principal propuesta de la comisión fue crear una Agencia Nacional Antiterrorista similar a la que nació en Estados Unidos tras el 11-S. 

Otra investigación, esta vez encargada a la Inspección de la Policía Nacional por el Ministerio del Interior, se encargó de evaluar el dispositivo de seguridad desplegado el 14 de julio del 2016 en el Paseo de los Ingleses de Niza, escenario del ataque de un camión que provocó 84 muertos.

Así reaccionó Alemania al 19-D: una comisión de investigación

¿Se podría haber hecho algo para evitar el atentado? El pasado 19 de diciembre Alemania vivía su peor atentado terrorista cuando un camión se lanzaba contra un concurrido mercadillo navideño de Berlín, dejando tras de si 12 muertos y una setentena de heridos. Tras los ataques se siguieron dos vías de investigación, una en Berlín, lugar del atentado, y la otra en el Estado de Renania del Norte-Westfalia, donde residió el presunto autor del ataque Anis Amri. En ambos casos se indagará para detallar como se produjo esa brecha en el sistema de seguridad alemán.

El pasado 22 de mayo, cinco meses después de la tragedia, el tripartito de izquierdas que gobierna Berlín acordó la creación de una comisión que investigase el caso y el posible fallo de las autoridades para detectar a Amri, quien residió brevemente en la capital. Se estima que la investigación durará hasta dos años y reunirá a decenas de testimonios, entre los cuales políticos, y expertos. La primera versión reúne hasta 25.000 páginas de documentación de los dos Estados así como también de Baden-Württemberg y del gobierno federal. Sólo en Berlín se ha destinado a diez personas para investigar las causas del atentado.

Este pasado 8 de setiembre tenía que producirse la primera sesión de investigación pero se canceló debido a que, según informaron las autoridades, faltaban documentos cruciales para esclarecer el caso. La comisión de Berlín ha estado rodeada de polémica por las sospechas de que policías manipularon informes para evitar que se demostrase su negligencia. El jefe de la corte en Düsseldorf, Uwe Jacob, criticó a la policía de la capital por no haber detenido a Amri cuando sabían que era traficante de drogas. “Fue un gran error”, apuntó. Las autoridades conocían su vínculo con Estado Islámico.

Tras el atentado, la formación ultranacionalista e islamófoba Alternativa para Alemania (AfD) no tardó en instrumentalizar el ataque para sus beneficios políticos. A través del ala más radical del partido, el eurodiputado Markus Prezell, culpó a la política migratoria del gobierno y aseguró que eran “los muertos de Merkel”. La estrategia del miedo no tardó en dar sus frutos y poco después incluso llegó al 15% en intención de voto.

Además de reforzar la seguridad, el ejecutivo de Angela Merkel reaccionó aprobando una serie de medidas más restrictivas como la revisión de los móviles de los solicitantes de asilo, el uso de tobilleras electrónicas para detectar personas “peligrosas” o la agilización de las deportaciones. Amri esperaba ser expulsado del país tras denegársele el asilo pero desapareció del radar.