PROCESO INDEPENDENTISTA

Maza no ve delito en el acuerdo de Colau y Puigdemont para la cesión de locales

La Fiscalía lo supervisará para evitar cualquier colaboración con la consulta ilegal

El ministerio público estudia el acto de apertura de campaña para determinar si fue punible

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza. / FERNANDO VILLAR/EFE

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Ángeles Vázquez / Madrid

Una vez puesta en marcha la maquinaria de la fiscalía para evitar que cualquier acto prorreferéndum quede impune, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha intensificado su presencia en los medios para explicar sus iniciativas, concretadas en imputar a 712 alcaldes en diligencias fiscales e interponer cuatro querellas contra todos los que desoigan los mandatos del Tribunal Constitucional. 

En los micrófonos de Onda Cero, sostuvo que no se puede actuar contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por hablar de un acuerdo con la Generalitat para facilitar la votación el próximo 1 de octubre en la ciudad que ha garantizado que "no entra en contradicción" con el informe del secretario municipal, que avisó de que ceder locales municipales es inconstitucional.

Maza ha explicado que ello "no significa que exista un compromiso para poner un local a disposición" del referéndum, por lo que ha dicho "no es nada punible". No obstante, advirtió que el ministerio público estará alerta para comprobar cómo se concreta el acuerdo, por si pudiera suponer algún tipo de colaboración con la consulta ilegal.

En las diligencias de investigación fiscales se tomará declaración a los alcaldes firmantes del decreto que ponía a disposición del Govern sus locales los delitos imputables son desobedediencia, prevaricación y malversación, castigado con hasta ocho años de cárcel. En caso de incomparecencia a la citación serán detenidos, "como ocurriría con cualquier otro ciudadano", apostilló.

Cooperación en un acto ilegal

Por su parte, en la Cope, el fiscal general admitió que aún no se ha tomado una decisión sobre si se debe actuar contra quienes participen en mesas electorales el día del referéndum, pero apuntó a que "se puede hablar de cooperación esencial para un acto ilegal y se estaría incurriendo en responsabilidad". Fuentes fiscales, confiados en que no habrá consulta, han señalado que será después del 1-O cuando se adopte una decisión sobre si el ministerio público actúa contra ellos, para lo que se tendrá en cuenta su actuación concreta.

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En cuanto al mitin de apertura de campaña celebrado ayer en Tarragona, Maza señaló que "tiene diferentes consideraciones jurídicas" que la Fiscalía debe valorar. No obstante, según Efe, apuntó a que, aunque se puede hablar de un derecho de manifestación, si se ha pagado con dinero público podría constituir delito de malversación. "Están engañando a miles de catalanes, que están como abducidos y a quienes tratan de convencer de que estos hechos tienen cobertura legal, cuando son delitos; confío en que el referéndum no se celebre", aseveró.