La fiscalía empieza a citar a alcaldes por el 1-O

Las fiscalías ya han empezado a citar a declarar por su colaboración con el 1-0 de octubre a alcaldes de diversos municipios catalanes. En concreto, ya han sido convocados para el 21 y el 25 de septiembre los ediles de Reus, Carles Pellicer (PDcat), Amposta, Adam Tomàs (ERC), y Deltebre.

En este mismo sentido, se ha celebrado este viernes en Reus un pleno ordinario, en el que el alcalde ha vuelto a expresar su apoyo al referéndum, en respuesta a una pregunta del grupo municipal del PP, en la oposición. "Días atrás, varios grupos municipales, sus concejales y yo mismo firmamos el manifiesto de apoyo al 1-0. Por lo tanto, estamos a favor", ha dicho el edil.

El alcalde de Amposta, por su parte, ha asegurado que no está "asustado" y que acudirá a la cita, aunque ha precisado que se podría acoger a su derecho a no declarar. También ha hecho un llamamiento a la calma para no caer en "provocaciones" del Estado.

Los diputados

La Fiscalía General del Estado ha ordenado a la Fiscalía Superior de Catalunya que proceda a abrir diligencias de investigación por su colaboración con el 1-0 a los alcaldes de Mollerusa, Marc Solsona; la Seu d'Urgell, Albert Batalla; Valls, Albert Batet, y Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, que son diputados autonómicos, y que se les cite a declarar. Esta misma instrucción se ha remitido a la Fiscalía del Supremo respecto al alcalde de Tortosa,, Ferran Bel, que es senador por Tarragona. Es el mismo texto que se ha remitido a las fiscalías provinciales respecto a 712 alcaldes.

Algunos fiscales se han pronunciado a favor de que se cite a declarar a los alcalde después de recabar información en los ayuntamiento. Se está a la espera que la Fiscalía General del Estado decida un decreto marco para unificar actuaciones.  

Inhabilitación y prisión

Te puede interesar

Estas instrucciones detallan que el Tribunal Constitucional ha suspendido tanto la convocatoria del consulta soberanista, así como la ley que lo regula . Y agregan: "La notoriedad de la prohibición de los actos del ilegal referéndum de autodeterminación hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares" para tal fin sea "indiciariamente" constitutiva de, al menos, los delitos de desobediencia, penado con multa e inhabilitación, prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta última infracción penal está castigada con penas de cárcel.

Una parte de la fiscalía, no obstante, considera que no se comete delito hasta que los ayuntamientos no actúen. Es decir, hasta que no cedan locales para celebrar la votación.