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EL ÓRDAGO SOBERANISTA

El juez Yusty rechaza las alegaciones de Carmena y mantiene la prohibición al acto pro referéndum

Solo señala que se suspende que dicho acto se celebre en la Sala Terneras de Matadero

El Ayuntamiento de Madrid esgrimía que la medida vulnera la Constitución

El Periódico / Agencias / Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. / EFE

El juez José Yusty Bestarreche ha ratificado el auto del pasado 12 de septiembre por el que suspendía de manera cautelar el acto organizado por Madrileños por derecho a decidir en Matadero asegurando que no se "ataca" la libertad de expresión sino lo que se suspende es la cesión de un local para un acto que tiene todos los "visos racionales de pronunciarse a favor de un referéndum no autorizado".

En el auto, fechado a 15 de septiembre, el juez rechaza las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Madrid, que había denunciado que la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión o el de reunión. El juzgado decidió hace tres días ordenar que se suspendiera la celebración del acto en este lugar al tratarse de un local público, como medida cautelar después del recurso presentado por el Grupo Popular del Ayuntamiento de Madrid. Contra la decisión de hoy cabe recurso de apelación.

El juez recuerda que es "público y notorio" que desde hace años 'El Derecho a decidir' es un "lema o expresión "que se ha repetido innumerables veces por los movimientos y grupos secesionistas que propugnan un referéndum no autorizado para el 1 de octubre en Catalunya, con la finalidad reiteradamente proclamada de lograr la separación de dicha región del resto de España". A su juicio, "no se trata por tanto de una cuestión política, aunque tenga efectos indudables en tal ámbito, sino de utilización de bienes municipales, que deben servir a los intereses generales". Además, añade que la libertad de expresión se puede ejercer en "multitud de lugares, como cines, teatros o incluso en las calles y plazas públicas".

Además, señala que aunque en la petición de solicitud del acto se habla de "cultural", las actuaciones y declaraciones de las autoridades de Catalunya y municipales de Madrid "inducen a pensar racionalmente que tienden claramente a que el acto se desarrolle en contra de lo dispuesto en la providencia del Tribunal Constitucional" del pasado 7 de septiembre. "Admitir que el acto se limita a una exposición abstracta del derecho a la autodeterminación de los pueblos, en general, sin aludir a las circunstancias de todos conocidas, resultaría un alejamiento de la realidad inconcebible", añade el magistrado.

Para el juez no existe incongruencia entre lo solicitado en la medida cautelar y lo acordado pues "en modo alguno se ataca la libertad de expresión" y entiende que el acto tiene "todos los visos racionales de pronunciarse a favor de la celebración de un referéndum no autorizado, que en definitiva se dirige contra la unidad de España, proclamada en el artículo 2 de la Constitución". Es decir, "tirando por elevación", es un "ataque a la propia Constitución". 

Por último, señala que la resolución inicial del pasado martes no puede entenderse en el sentido de que se suspende un acto de la asociación La Comuna, entre otras razones, porque el juez no tiene competencia. Solo señala que se suspende que dicho acto se celebre en la Sala Terneras de Matadero. "Quizá pudo redactarse mejor la resolución de aquel auto, todo es perfectible, pero con esto queda aclarado suficientemente", entiende el magistrado.

 Las alegaciones

Esta mañana, el Consistorio esgrimía que la suspensión cautelar vulnera "valores y principios constitucionales" y derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica de los convocantes. "Las opiniones manifestadas pueden molestar, inquietar o disgustar al grupo municipal recurrente o a otras personas, pero, como muy bien señala el Tribunal Constitucional, la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado", defiende el escrito de alegaciones.

Según la versión que el Ayuntamiento expone al magistrado, en ninguno de los documentos del expediente municipal" consta que el acto fuese "en apoyo o debate sobre unas leyes dejadas en suspenso por el Tribunal Constitucional". Este acto, que los organizadores han dicho que mantendrán en otro espacio, pedía que "se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada". Por ello, sostiene el escrito municipal, el juzgado considera "erróneamente" que el acto para cuya celebración se ha cedido el espacio está afectado por las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional de suspensión de la ley del referéndum de Catalunya.

El ayuntamiento presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) 

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