LOS ACTOS ELECTORALES

El Gobierno dice que no se actuó en Tarragona para evitar "conflictos sociales"

Acto de inicio de la campaña del referéndum en Tarragona, este jueves.

Acto de inicio de la campaña del referéndum en Tarragona, este jueves. / periodico

P. Santos / Madrid / J. G. Albalat / Barcelona / J. M. Planas / Tarragona

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El Gobierno ha defendido su decisión de permitir que se celebrara el acto de inicio de la campaña por el referéndum del 1-O en Tarragona. Fuentes de la Moncloa han justificado que no ordenaran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que prohibieran el acontecimiento celebrado en el Tarraco Arena "para intentar evitar conflictos sociales". "No puedes poner al mismo nivel a un ciudadano y a un político", han afirmado estas fuentes. "Forma parte de la proporcionalidad que siempre hemos defendido durante los últimos meses", han añadido. 

Por otra parte, la Fiscalía de Tarragona ha abierto diligencias por presunta desobediencia por ese mitin en Tarragona, en el que protagonizaron el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre otros. Según han indicado fuentes judiciales, las diligencias se abrieron al mediodía de este jueves por los actos vinculados a la campaña del referéndum, que está suspendido por el Tribunal Constitucional, entre ellos por el acto del Tarraco Arena, que tuvo lugar anoche en la ciudad y al que acudieron 9.000 personas.

Recabando información

Por el momento se está recabando toda la información vinculada al acto y a otras acciones, y todavía no se ha requerido a la empresa gestora del recinto que proporcione información ni se ha citado a nadie a declarar.

Además, la Fiscalía tiene constancia de la retirada de un centenar de carteles a tres jóvenes en Alcanar, que fueron identificados por la Guardia Civil.

Este mismo viernes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado en una entrevista que estudiará si el acto de inicio de la campaña del referéndum incurre en un delito, y ha apuntado a una posible prevaricación si se organizó con fondos públicos.