Los alcaldes del PSC hacen equilibrios ante la presión por el referéndum unilateral

Todos los ojos miran a los alcaldes cara a referéndum. Y no solo desde la fiscalía. Antes del verano la mayoría de partidos mantenían posturas maximalistas. El PSC y el PSOE amenazaban con sanciones a los ediles que colaboraran con el referéndum del 1-O. El PDECat, con romper las alianzas con los socialistas si no se cedían locales. Al final, casi todos apuestan por el pragmatismo, permitiendo que cada agrupación municipal gestione la situación a su manera. 

El PSC cuenta con 122 alcaldes y forma parte del equipo de gobierno en 70 municipios más. De estas 192 poblaciones, en las que viven casi cinco millones de catalanes, 51 están adheridas a la Associació de Municipis per la Independència. Desde la sede de la calle de Nicaragua la consigna es no firmar ni un solo papel que pueda incriminar a ningún alcalde o funcionario. Más allá de eso hay bastante comprensión con las circunstancias de cada municipio.

Lo expresó el mismo Pedro Sánchez el martes en el Foro Primera Plan@ de EL PERIÓDICO al ser preguntado sobre si romperían la alianza en Barcelona con Ada Colau si la alcaldesa facilitaba el referéndum. "Mi opinión es que cuando el PSC se mete en un gobierno, se incorpora con todas las consecuencias. Y esos compromisos deben ser hasta final de legislatura". Una postura bien alejada de la que defendía antes de verano, cuando amenazaba con sanciones a los socialistas que colaboraran con el 1-O.

Más de 350 alcaldes y concejales suscribieron el martes un manifiesto en el que reivindicaron “el derecho a la plena libertad de

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expresión, sin ningún tipo de intimidación, discriminación o amenazas”. Los ediles socialistas acusaron de este clima intimidatorio a JxSí y de la CUP y de "ocultar sus debilidades políticas y organizativas traspasando a los ayuntamientos gran parte de los preparativos del 1-O y culpabilizar hipócritamente aquellos ayuntamientos que han decidido cumplir la ley”. A la hora de la verdad, cada alcalde intenta lidiar a su manera con la situación, aunque algunos de los que más han aguantado presiones y en ocasiones insultos lamentan que otros hayan buscado rápidamente la senda pactada con los independentistas. 

"Ninguno de nuestros alcaldes cometará un delito ni estará fuera de la ley", ha reiterado este miércoles Miquel Iceta. En un pleno antes de verano, la alcaldesa de Vilafant, Consol Cantenys, ya señaló que se podría votar donde siempre, pero no ha firmado ningún decreto. Blanes, Granollers y Terrassa han buscado fórmulas parecidas acordando con el Govern los puntos de votación, todos de titularidad de la Generalitat. Castelldefels, donde el PSC gobierna gracias a un pacto muy transversal, ha sido la última en seguir esta senda: la alcaldesa Maria Miranda ha comunicado al Govern que podrá disponer de los mismos locales que se usaron en las últimas elecciones catalanas.