El TSJC investiga a Puigdemont y su Govern por malversación

Todos los preparativos del 1-O serán investigados en un solo proceso y por una jueza. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aceptado este viernes investigar al presidente de la Generalitat, Carles Pugdemont, y a todo su Govern por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos, un delito este último que comporta una pena de prisión. Los magistrados del alto tribunal han admitido la querella presentada por la fiscalía contra el Ejecutivo catalán por haber firmado la convocatoria del referéndum unilateral, a la vez que han decidido acumulada al proceso judicial abierto contra la 'consellera' Meritxell Borràs y el secretario general de su departamento por la licitación de las urnas.

Por lo tanto, se hace cargo del caso la magistrada Mercedes Armas. Será ella quien tendrá que decidir sobre las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, entre ellas ordenar a Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional que tomen medidas para impedir la promoción, organización y celebración de la consulta soberanista e, incluso, que confiesquen material.

En este sentido, el alto tribunal ha empezado este viernes a comunicar a funcionarios y altos cargos su deber de impedir los actos preparativos del 1-O, como acordó este jueves el Tribunal Constitucional. Entre los primeros a los que se les ha enviado el oficio está el 'major' de los Mossos, Josep Lluis Trapero, y tres comisarios, así como el secretario del Parlament y a la jefa de publicaciones de la Cámara.

Puigdemont ha contestado ya este viernes a la admisión de la querella: "Os encontraréis una carrera de obstáculos por parte de los que dicen que están dispuestos a ir a fiscalías, utilizar les cloacas del Estado y a los medios de comunicación. Pero no escatimaremos ningún recurso para que todos puedan votar. Arriesgamos mucho, pero iremos hasta el final". 

La querella presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya contra Puigdemont y su Govern por hacer caso omiso a la prohibición del Tribunal Constitucional de no permitir actos vinculados a la hoja de ruta independentista se centra en la firma de la convocatoria del referéndum y la rúbrica de ley que permite la consulta unilateral, aprobada en el Parlament con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP.

Medidas cautelares

La fiscalía solicita, además de la declaración de los acusados, la interrupción de la página web de la Generalitat sobre el 1-O, el bloqueo de su acceso y la prohibición de que los medios de comunicación inserten publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum unilateral. También reclama que se requiera a todos los ayutamientos de Catalunya a que no faciliten medios para celebrar el 1-O; y a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional, que impidan la votación e intervengan todo tipo de material destinado a ella. Por último, exige que se imponga una fianza civil a los acusados para asegurar las responsabilidades económicas (como indemnizaciones o multas), y que, si no la depositan, se embarguen sus bienes.

La querella detalla que los miembros del Govern han actuando con "absoluto desprecio" a las "reiteradas" decisiones del Tribunal Constitucional que prohibían actos que comportan un referéndum independentista, "dinamitando" el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado recogido en la Carta Magna. Agrega que la "arbitrariedad" de las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Puigdemont radica no ya en la desobediencia de las decisiones del Constititucional, sino que estas van dirigidas a "la adopción de unos acuerdos que implican un expreso rechazo" de la misma, "sustituyendo así el ordenamiento jurídico vigente por su propia voluntad".

La fiscalía sostiene que las decisiones del Govern acordando convocar y organizar el 1-O, "pese a encaminarse a la derogación por la vía de hecho de la Constitución, no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa", pues "se trata de decisiones que implican una grave quiebra del ordenamiento constitucional".

Maniobras y dinero público

La querella destaca que la denominada ley del referéndum "es una argucia fraudulenta" para dar "una tosca apariencia de legalidad a lo que no es sino una flagrante violación de la Constitución y del propio Estatut". Y va más allá, al afirmar que los acusados aplicaron esta norma "con plena consecuencia" de que la misma sería suspendida, como así ha sucedido. Asimismo, incluye el delito de malversación porque es "evidente" que la celebración de un consulta "inconstitucional" implica un "gasto de dinero público".

El TSJC también ha admitido la querella de la fiscalía contra los cinco miembros de la Mesa del Parlament, entre ellos su presidenta, Carme Forcadell, por haber permitido la tramitación de la ley del referéndum. Esta querella se acumulará a la causa que instruye la jueza Maria Eugènia Alegret por otras demandas similares anteriores.