La fiscalía acusa a Puigdemont de malversación, que comporta penas de cárcel

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una querella contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todo su gobierno por los presuntos delitos de prevaricación y desobediencia al haber hecho caso omisión a la prohibición del Tribunal Constitucional de no permitir actos vinculados a la hoja de ruta independentista. También han añadido el de malversación de caudales público que, en caso de condena, comportaría penas de ingreso en prisión. La querella se centra en la firma este miércoles por parte del máximo responsable de la Generalitat y los miembros de su gabinete de la convocatoria del referéndum y la ley que lo permite, tras la apropación de la misma por parte del Parlament y con los votos favorables de Junts pel Sí y la CUP.

La fiscalía solcita en la querella, además de la declaración de los acusados, medidas cautelares, como la interrupción de la página web de la Gemeralitat sobre el referéndum y el bloqueo de su acceso, a la vez que interesa que se adopte esta misma petición respecto a cualquier medio de comunicación telemático, red sociial o web que realice la misma actividad.

Medidas cautelares

Asímismo, solicita que se remita oficio en este sentido a todos los medios de comunicación escritos o audiovisuales, públicos o privados, con sede en Catalunya, requiréndoles con apercibientos legales para que imparta las instrucciones pertienetes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el referéndum. También pide que se requiera a todos los ayutamientos catalanes para que no faciliten medios para celebrar el 1-0 y a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional para que intervenga todo tipo de material destinado al referéndu. Y, por última, también exige que se acuerde medidas cautelares para el aseguramiento de las responsabilidad pecuniarias en la que pudieran incurrir los querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes. 

La querella detalla que los miembros del Gobierno catalán han acutado con "absoluto desprecio" a las "reiteradas" decisión del Tribunal Constitucional que prohibían cualquer acto que comportara un referéndum independentista, "dinamitanto" el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado recogido en la Carta Magna. Y agrega que la "arbotrariedad" de las decisiones tomadas por los querellados radica no ya en la desobediencia de las decisiones del Constititucional, sino que van dirigidas a "la adopción de unos acuerdos que implican un espreso rechazo a la fuerza de obligar" de la misma máxima norma, "sustituyendo así el ordenamiento jurídico vigente por su propia voluntad".

La fiscalía sostiene, además, que las decisiones del gobierno catalán acordando convocar y organizar el 1-0, "pese a encaminarse a la derogación por la vía de hecho de la Constitución, no pueden ser reputadas como actos políticos a los efectos de quedar fuera del ámbito del delito de prevaricación administrativa, pues "se trata de decisiones que implican una grave quiebra del ordenamiento constitucional".

Maniobras y dinero público

La querella destaca tambienque la denominada ley de referéndum "es una argucia fraudulenta" para dar "una tosca apariencia de legalidad a lo que no es sino una flagrante violación de la Constitución y del propio Estatuto de autonomía". Y va más allá, al afirmar que los acusados aplicaron esta norma "con plena conscuencia" de que la misma sería suspendida, como así ha sucedido. Asimismo, incluye el delito de malversación porque es "evidente" que la celebración de un consulta "inconstitucional" impluca un "gasto de dinero público".

La fiscalía también ha presentado una querella contra cinco miembros de la Mesa del Parlament por haber permitido, precisamente, la tramitación de la ley del referéndum. Los querellados son: Carme Forcadell, Lluis Guinó, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. La jueza del TSJC, Maria Eugènia Alegret, ya tiene abierto un proceso judicial contra algunos miembros de la Mesa por presuntamente haber desoído los acuerdos del Constitucional.