Forcadell recusa preventivamente a los magistrados del TC por "falta de imparcialidad"

El Ejecutivo de Mariano Rajoy aún no había siquiera anunciado el incidente de ejecución de sentencia con el que ha respondido a la tramitación de la ley que regulará el referéndum del 1 de octubre y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ya se había curado en salud. Este miércoles ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un incidente de recusación contra sus doce magistrados por "falta de imparcialidad" para tratar de evitar que el alto tribunal pueda suspenderla de funciones, posibilidad incluida en la última reforma de la ley reguladora del Constitucional.

El incidente no se ha llegado a abordar por el pleno del TC en su reunión de esta mañana, aunque será él el encargado de resolverlo, al tratarse de la recusación de todos sus miembros. El único antecedente similar, interpuesto por el abogado José Luis Mazón, fue rechazado de plano por el pleno. 

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La propia recusación niega que pueda ser rechazada por no haberse interpuesto en ningún incidente de ejecución de sentencia concreto, aunque puede relacionarse con el que horas más tarde anunciaría el Gobierno, al ser el único que aún no resuelto de los varios interpuestos para lograr el cumplimiento de la sentencia de diciembre de 2015 que anuló la declaración soberanista. Fuentes del alto tribunal señalan que, pese a lo rocambolesco que puede parecer que se admita una recusación en un procedimiento aún no iniciado, sería posible con la Ley de Enjuiciamiento Civil en la mano. Otra cosa es ver si sus argumentos pueden prosperar y no se terminan rechazando de plano, opción que no supondría la paralización del incidente de ejecución interpuesto por el Gobierno.

En el escrito, que ha trascendido tras la reunión de la Mesa del Parlament, Forcadell califica la reforma de la ley orgánica del TC de una "reforma exprés de la Constitución" en la que el derecho a defensa queda "todavía más restringido que en la aplicación del Estado de excepción". En esa reforma se preveía que el alto tribunal pudiera suspender a los cargos que desobedecen sus resoluciones mientras estas se ejecutan y aumentaba hasta los 30.000 euros las multas que se les podrían imponer, medidas que aún no han sido puestas en práctica y que no se solicitan en el incidente de ejecución presentado finalmente por el Gobierno.

Forcadell sostiene que los magistrados de este tribunal han incidido en el procedimiento sobre la constitucionalidad de leyes votadas en el Parlament, por lo que entiende que "quedan imposibilitados" para tomar "cualquier tipo de decisión" contra ella, según la legislación internacional que establece que toda persona tiene derecho a un tribunal "independiente e imparcial".

Ser parte de un eventual procedimiento constitucional

La presidenta del Parlament alega en el escrito que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta "indefensión" como el incluido en la ley reguladora del TC tras su reforma, al no tener previsto un cauce para escuchar al cargo cuya suspensión se plantee. De ahí que solicite ser parte en un hipotético procedimiento constitucional en el que ella u otros cargos el Parlament puedan ser suspendidos.

A su juicio, se trata de atribuciones sancionadoras que vulneran el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, "al no contar con ninguna garantía procesal de un juicio justo". Añade que con sus nuevas potestades el Constitucional "pierde su supuesta posición de neutralidad".