Competencia lamenta que el Govern no haya impulsado una regulación integral de los VTC

La ACCO cree que el decreto ley "consolida las carencias" de la norma estatal porque no elimina la ratio 1/30

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha lamentado este martes que el Govern haya desistido de incorporar al ordenamiento jurídico catalán una regulación integral de la actividad de alquiler de vehículos de transporte con conductor (VTC).

En un comunicado, el organismo considera que la Generalitat ha elaborado una norma "con un alcance muy limitado que no permite corregir los desaciertos ni mejorar la regulación estatal de esta actividad", que es la que se aplica actualmente a Catalunya.

La ACCO ha publicado un informe sobre el Decreto Ley 5/2017, de 1 de agosto, de medidas urgentes para la ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas antes que este miércoles se debata y vote en el Parlament su convalidación.

El organismo recuerda que el Estatut d'Autonomia atribuye a la Generalitat competencia exclusiva para regular el transporte terrestre de viajeros por carretera que discurran íntegramente en Catalunya y, a pesar de esto, la Generalitat no ha impulsado una regulación integral de los VTC.

Asimismo, la ACCO considera que la tramitación vía decreto ley ha impedido efectuar un debate en profundidad y una reflexión conjunta de las diferentes aproximaciones sobre cómo se debe regular la actividad, teniendo en cuenta, sobre todo, los efectos sobre otras actividades como la del taxi.

Respecto de las medidas concretas previstas en el decreto ley, considera que limitar a los titulares de las autorizaciones de VTC su transmisión es una medida "discriminatoria" --por afectar solo a aquellos operadores que todavía no hace dos años que disponen de autorización-- e inapropiada, ya que no soluciona el problema de la especulación y genera barreras de entrada adicionales.

Asimismo, obligar a comunicar, mediante registro electrónico, los servicios que han sido contratados con carácter previo a su prestación es una medida que supone una carga administrativa adicional que, según el organismo, persigue únicamente reforzar la prohibición que los VTC puedan captar clientes mientras circulan o están estacionados en las paradas.

Según la ACCO, el decreto ley "consolida las carencias" en términos de competencia de la norma estatal y no apuesta por adoptar medidas a su juicio más deseables, como eliminar la restricción en el número de autorizaciones VTC --la barrera en la entrada en el mercado que supone la ratio 1/30 (una autorización de VTC por 30 licencias de taxi)-- e incentivar una mayor competencia entre taxis y VTC permitiendo que puedan operar en los diferentes segmentos de contratación del servicio en igualdad de condiciones.