COMISIÓN DE GARANTÍAS

Rebelión en Podemos por el "golpe" de Iglesias a sus jueces internos

Miembros de las comisiones de garantías acusan al secretario general de maniobrar para tener un órgano afín que no le censure

Denuncian la sustitución de la presidenta en un 'pleno fantasma' de nulo derecho y la "usurpación" de funciones

Asamblea Ciudadana 8Pablo Iglesias, en una intervención durante la reunión de Vistalegre 2, el pasado mes de febrero. / JUAN MANUEL PRATS

Los jueces internos de Podemos se rebelan. Denuncian que la cúpula ha dado un "golpe" para controlar la Comisión de Garantías Estatal, el tribunal interno independiente. Alegan que la ejecutiva maniobra para apartar a su presidenta, Olga Jiménez, y alterar la votación con el objetivo de arrancar dictámenes afines a la dirección.

La Comisión de Garantías impugnó en julio los nuevos estatutos al concluir que contravienen lo aprobado por las bases en la asamblea ciudadana Vistalegre 2. Tras ese dictamen, se abrió expediente a la presidenta, y aún con el conflicto abierto, la ejecutiva los registró en el Ministerio del Interior.

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Documento con la versión de la Secretaría de Organización de Podemos

Usurpación de funciones

La maniobra ha levantado las críticas de las comisiones de garantías de Catalunya, Navarra, Valencia, La Rioja y Madrid y de otros 45 miembros de estos órganos que han hecho público este miércoles un comunicado en el que denuncian la "usurpación de funciones", respaldan a la presidenta y advierten de que la infracción es "muy grave". Su protesta llega tras el documento de la secretaría de organización que alimenta las sospechas sobre Jiménez, omite que el expediente en su contra se origina en un pleno sin visos de legalidad y sitúa a la cúpula como observadora neutral.

¿Cuál es la maniobra para tener una Comisión de Garantías domesticada? Se retira, en los nuevos estatutos, el derecho a voto de los miembros suplentes (hay 5 titulares y 5 suplentes -aunque ahora hay un miembro dimitido-). De los titulares, tres son afines al pablismo. El contrapeso de los suplentes, independientes, queda eliminado.

La maniobra, sin embargo, contraviene la costumbre, no fue aprobada en Vistalegre 2, y, además, es contraria a la decisión de la propia comisión de Garantías Estatal, cuando en su reunión constitutiva, el 17 de febrero, los titulares decidieron (3 a favor y 2 en contra) que los suplentes pudiesen seguir votando. EL PERIÓDICO ha tenido acceso a las actas oficiales que así lo muestran.

En esa votación, la secretaria técnica, Rosario Rodero, apoyó también que todos los miembros mantuviesen su derecho de voto.

Cambio de opinión

Sin embargo, cambia de opinión en el pleno de la Comisión de Garantías del 26 de julio. Reclama que se les retire esa potestad y se alinea con Argiro Giraldo e Isabel Serrano, de sintonía pablista.

Arguye Rodero que deben aplicarse los estatutos (que estaban analizando en ese pleno) y anuncia un voto particular. Dos días después, en un nuevo pleno, el órgano emite el dictamen 3/2017 que impugna los estatutos, a pesar de los votos negativos de Rodero, Giraldo y Serrano.

El comunicado de la secretaría de organización asegura que ese pleno "rechazó el pasado 28 de julio una propuesta de la presidencia para que los suplentes pudieran votar igual que los titulares". EL PERIÓDICO ha constatado documentalmente que Jiménez no impulsó esa propuesta y que no se realizó dicha votación.

Los miembros pablistas impulsan entonces el expediente contra la presidenta y la dirección lo autoriza. El 12 de agosto, se autoconvocan a un 'pleno fantasma' a través de un grupo de Telegram que solo incluye a los titulares. En él determinan quién será el instructor de la causa y nombran a Giraldo sucesor de la expedientada.

Qué hacen y qué dictaminaron para acabar así

La Comisión de Garantías Estatal fue elegida en Vistalegre 2. Es el tribunal de Podemos, un poder judicial que debe velar por el mandato que dieron los inscritos en ese cónclave y supervisa que el funcionamiento interno cumple con la legalidad.

Contra pronóstico, se impuso la lista de independientes, que provenía del círculo de juristas de Podemos, frente a la de Republicanos, de afinidad pablista, que solo incorporó a Argilo Giraldo e Isabel Baena como titulares. El cambio de alineamiento de Rosario Rodero se produjo entre febrero y julio.

Aunque los choques con la ejecutiva, en especial con la secretaría de organización, vienen larvándose desde hace tiempo, el detonante fueron los nuevos estatutos. La ejecutiva debía trasponer el documento organizativo ganador en Vistalegre 2 ('Mandar obedeciendo') a unas nuevas normas internas.

En esa 'traducción' se incluyen artículos no votados y mecanismos que, a juicio de la Comisión de Garantías, vulneran la división de poderes. Hay cuatro quejas principales.

Uno. La ejecutiva sancionará a dirigentes y militantes que proporcionen información sobre Podemos que pueda resultar "perjudicial" para el partido. La redacción deja abierta la puerta a la arbitrariedad. Admite la secretaría de organización que eso no se incluyó en la votación de las bases porque no es "sexi".

Dos. Se suprime la potestad de las comisiones de garantías autonómicas para que los sancionados presenten recurso. Si quieren apelar, deben hacerlo en el órgano estatal (ahora reequilibrado).

Tres. Se elimina el proceso de mediación interna en los conflictos.

Cuatro. Se elimina el derecho a voto de los suplentes de la Comisión de Garantías.