El Gobierno y el PP resucitan el secesionismo lingüístico en la Comunitat Valenciana

En la política de desgaste que el PP ha puesto en marcha para laminar la acción del Gobierno progresista de la Generalitat Valenciana, la lengua autóctona es una de sus puntas de lanza. "¿Por qué se está en contra del valenciano? Eso es lo que tiene que explicar el Gobierno de España". Así se expresaba hace unos días el 'president' Ximo Puig. Y es que los populares, ante su minoría en el Parlamento autonómico, han trasladado el campo de batalla a los juzgados y han implicado activamente al Gobierno central, que no ha tenido problema en resucitar el secesionismo lingüístico.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana anunció a finales de julio un recurso contencioso-administrativo contra el decreto autonómico que regula los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales al entender que puede haber artículos "contrarios a la ley". Se especificaba especialmente que, entre los puntos "cuestionables", está el que prevé que la autonomía se relacione en valenciano con las "comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico".

Desde la Delegación se apuntaba que "parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunitat Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunitat Valenciana". Es decir, rechazaba que el Consell se dirigiera a Catalunya y las Balears en valenciano al entender que no es lo mismo que el catalán.

Una baza política

Durante décadas, los populares valencianos hicieron del secesionismo lingüístico una de sus grandes bazas políticas, pero el conflicto empezó a decaer cuando la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) emitió en el 2005 un dictamen que confirmaba que el valenciano formaba parte de un sistema lingüístico común con la lengua propia de Catalunya y Balears. La AVL, cuya autoridad fue reconocida en el Estatut, se creó con el PPCV en el Gobierno autonómico y su mayoría parlamentaria le permitió nombrar a la mayoría de académicos, que tumbaron las tesis del 'blaverisme'. "Exigimos al Gobierno central que deje de jugar a la pseudofilología barata", subrayó recientemente el síndic de Compromís en Les Corts Fran Ferri.

La escuela, el otro gran frente

Este recurso no es el único frente abierto con la lengua como arma arrojadiza. La Diputación de Alicante, en manos del PP, ha logrado con su recurso la paralización cautelar del decreto de plurilingüismo escolar. La constatación de que los alumnos acababan sus estudios con un dominio total del castellano pero mucho menor del valenciano y del inglés llevó a la 'conselleria' a establecer seis modelos, de libre elección para los centros, en los que el peso de estas dos últimas lenguas crecía de manera paralela. A más horas en valenciano, más horas en inglés.

El hecho de que los alumnos de los modelos 'avanzados' tuvieran una certificación automática en esos idiomas frente a los de los modelos 'básicos', en los que el castellano tiene un mayor peso, fue, además, el argumento del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para la anulación, el 27 de julio, de la disposición que así lo establecía, tras una denuncia presentada por el sindicato CSIF.

Un tanto para los populares

La Sala Cuarta del tribunal autonómico afirmó a la vez que si la Generalitat "estimara la existencia de un déficit" en la normalización de la lengua propia "se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable". Pocas horas más tarde, sin embargo, esa misma sala aseguró que el Consell no había cumplido la suspensión y ordenó regresar a la situación anterior a su publicación. Es decir, al decreto del PP, que se ha apuntado un tanto a costa de volver a politizar y ahora judicializar la lengua.

La portavoz del PP en Les Corts, Beatriz Gascó, llegó a acusar a la vicepresidenta Mónica Oltra de seguir "los mismos pasos" que el presidente catalán, Carles Puigdemont, "burlando la justicia", después de que la dirigente de Compromís pidiera "tranquilidad" a las familias porque los niños empezarán el curso, dijo, "con total normalidad".

Y hay más frentes aún por decidir. Por ejemplo, los populares presentaron un recurso sobre el que aún no hay sentencia contra el acuerdo del Ayuntamiento de València que aprobó la denominación exclusiva de la ciudad en la lengua propia.