Operación Lezo

El juez deniega la libertad provisional a Ignacio González por "riesgo de fuga"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, antes del registro de su despacho, el pasado 19 de abril.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, antes del registro de su despacho, el pasado 19 de abril. / periodico

El Periódico / Madrid

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido este lunes mantener en prisión incondicional, comunicada y sin fianza al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González al entender que se constata su "papel decisivo y necesario" en la 'trama Lezo'. El magistrado ha rechazado así poner en libertad al exdirigente del PP, preso desde el pasado 21 de abril, porque aprecia que hay "riesgo de fuga" y para evitar que modifique pruebas y esconda el dinero malversado. 

En un auto notificado este lunes, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional deniega la petición de la defensa de González, que había solicitado su puesta en libertad por sufrir un grave deterioro físico y psíquico tras su ingreso preventivo en la cárcel, además de esgrimir que había una variación sustancial de las circunstancias por las que se tomó la decisión de encarcelarle. García-Castellón sí aprecia cambios, pero justo en el sentido de reforzar las acusaciones. "Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando, lo cual podría verse afectado en caso de acordar la libertad o atenuar su situación como solicita la defensa", afirma. 

Según las pruebas recabadas hasta ahora, el papel del expresidente madrileño en la trama corrupta pudo ser "decisivo y necesario" en los delitos investigados. Estos son, hasta ahora, malversación, fraude, organización criminal, prevaricación, falsificación de documentos, fraudes en las transacciones internacionales, cohecho y blanqueo de capitales.

Las penas que acarrearían estos hechos ya justificarían su mantenimiento entre rejas, y a ello se une "la existencia de dinero de procedencia ilícita (así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones)", lo que "patentiza el riesgo de fuga".

La puesta en libertad de González podría suponer "importantes riesgos de acceso a las fuentes de prueba, destrucción de documentos relevantes, realización de movimientos monetarios, dirigidos a la destrucción de pruebas y a esconder el dinero malversado, poniendo en peligro la investigación en curso y la recuperación de activos para ejecutar futuros decomisos del producto del delito". Por todo ello, García-Castellón opta por garantizar el avance de la investigación y mantenerlo encarcelado en Soto del Real (Madrid).