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BALANCE DEL AÑO PARLAMENTARIO

Y al margen del 'procés'...

Puigdemont, que prometió 45 leyes en 18 meses, ha impulsado apenas un tercio desde el Govern

Fidel Masreal Roger Pascual

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament. / JOAN CORTADELLAS

El curso político que empezó con el "reférendum o referéndum" baja el telón con la vista puesta en el 1-O. En esta intensa última semana se ha aprobado la controvertida reforma del reglamento del Parlament para facilitar la aprobación exprés de la ley del referéndum, y tres normas sobre la bocina, la de comercio, la de cambio climático y la del código tributario, una de las bases de la 'desconexión'. Desde septiembre pasado hasta julio, el Parlament ha sacado adelante 22 leyes, ocho a iniciativa del Govern. Carles Puigdemont, que se había comprometido al inicio de la legislatura a aprobar 45 leyes en 18 meses, ha conseguido que salieran adelante 15 medidas impulsadas por el Govern desde que fue investido 'president' en enero del 2105. 

En el último pleno, Miquel Iceta le recriminó que había "una cuarentena de leyes y planes comprometidos y no presentados". Entre otras, el líder del PSC enumeró la "ley electoral, la ley del proceso constituyente, la ley de transitoriedad jurídica y la constitución catalana". Puigdemont señaló que todas esas medidas prometidas pendientes seguían el curso parlamentario y que, en algunos casos, si no se habían tramitado o llevado al Parlament era precisamente por la amenaza de algunos grupos de la oposición de llevarlas al Constitucional. "Entonces van y te reprochan que estas leyes no las hayas tramitado o no las hayas llevado al Parlamento", dijo en su defensa.

Sea como fuere, en este curso, además de poner fecha al referéndum, el Govern ha conseguido aprobar ocho leyes impulsadas por él. La que más le costó fue la de los presupuestos del 2017, asignatura que la CUP le había suspendido el año anterior. A cambio de ello, tuvo que conceder otra sobre el impuesto sobre activos no productivos, como yates, obras de arte y joyas

Dos de las normas más sonadas han surgido de sendas iniciativas legislativas populares (ILP): la regulación de los clubs cannábicos y la renta mínima garantizada. Solo el PP y Germà Gordó (diputado no adscrito tras dejar el PDECat) votaron en contra de la regulación de los 400 clubes cannábicos de Catalunya, que fija que deben constituirse como asociaciones sin ánimo de lucro, con registro legal, autoabastecerse y distribuir el cannabis exclusivamente entre sus asociados, todos ellos mayores de edad y practicantes de un consumo privado, ya sea con finalidad lúdica o terapéutica.

Unanimidad con la renta garantizada

Sí que hubo unanimidad en la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda de 564 euros mensuales, que aumentará hasta alcanzar los 664 euros en el 2020. La retribución, que entrará en vigor a partir del 15 de septiembre, sustituirá la Renta Mínima de Inserción, conocida como Pirmi y que era de 442 euros. El nuevo subsidio permitirá luchar contra la exclusión social y garantizar una "vida digna". Los grupos parlamentarios coincidieron en calificar la aprobación de la iniciativa de jornada histórica.

También partió de la sociedad civil la anulación los juicios franquistas en Catalunya. La Comissió de la Dignitat registró en mayo del 2016 en el Parlament una proposición de ley que acabaron impulsando JxSí, la CUP, Catalunya Sí que es Pot y el PSC. La Cámara catalana acabó aprobando, un año después, por unanimidad (con los apoyos del PPC y C's), la norma que declara nulos los tribunales franquistas y las 63.961 sentencias desde la guerra civil hasta el restablecimiento de la democracia. Aunque hay unanimidad sobre el alto valor simbólico de la medida, no está claro qué efectos jurídicos tendrá cara a la reparación del daño o a las reclamaciones que pudieran producirse.

El tridente de la desconexión

En el acelerón del último pleno se aprobaron, además de la reforma del reglamento, tres normas, con mención especial para la del código tributario de Catalunya. Impulsada por JxSí y la CUP, es una "estructura de Estado" para la creación de una futura "hacienda catalana" y formaría, junto a la de transitoriedad jurídica y a la de Seguridad Social, el tridente de leyes de la desconexión. Aunque ha sido meticulosamente elaborada para no exceder las competencias estatutarias y constitucionales de la Generalitat, la idea es poderla ampliar en una hipotética Catalunya independiente. 

A la vuelta del parón veraniego espera ya la ley del referéndum, la primera prueba del nueve de un inicio de un curso político que se antoja más vertiginoso si cabe que el que termina. Permanezcan atentos a sus pantallas porque esta nueva temporada de 'El procés' promete estar cargada de emociones desde el primer capítulo.

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