El bloque independentista dará vía libre este miércoles a la tramitación exprés de las leyes de desconexión

El último pleno del Parlament del actual periodo de sesiones -un 'pleno escoba' que aprobará numerosas tramitaciones pendientes- verá este miércoles cómo se consuma una de las decisiones más polémicas del proceso soberanista: la reforma del reglamento llevada a cabo sin consenso por Junts pel Sí y la CUP para permitir aprobar las leyes de desconexión sin debate ni enmiendas. Es decir, la aprobación exprés de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica -cuando se decida llevar a votación esta última-. Hasta ahora solo se podía tramitar de forma rápida un proyecto de ley del Govern "si la naturaleza del proyecto lo aconseja o la simplicidad de la formulación lo permite".

Será un debate cargado de tensión, dado que el resto de grupos, desde Catalunya Sí que es Pot hasta el PPC, pasando por el PSC y Ciutadans, han denunciado la falta de garantías democráticas que supone la reforma reglamentaria que este miércoles verá la luz, y que en su artículo 135 permitirá que una proposición de ley, a solicitud del grupo parlamentario promotor, se pueda tramitar "directamente en lectura única". El acuerdo final de esta lectura única corresponde al pleno del Parlament, una vez escuchada la Junta de Portavoces.

Desde el origen, esta reforma del reglamento -que incorpora otras modificaciones del funcionamiento ordinario del Parlament, pero ninguna tan polémica como la mencionada- ha generado un enorme enojo de todos los grupos de la oposición, que lo han calificado de "'show'", "ejercicio de trilerismo", "trampa", "triquiñuela" y "atajo democrático", entre otros calificativos. Su indignación tiene que ver con que se pretende aprobar sin debate previo una de las leyes más trascendentes desde la recuperación de la democracia en el Parlament, la de transitoriedad jurídica, que establecerá de hecho una legalidad catalana al margen del marco legal constitucional español.

Jxsí ha alegado que otros parlamentos, como el propio Congreso de los Diputados, permiten la tramitación exprés de leyes de un grupo parlamentario. Y que así se ha hecho en las dos últimas modificaciones de la Constitución, entre otros momentos.

Un camino tortuoso

El caso es que el recorrido de esta reforma del reglamento en el Parlament ha sido tortuoso, porque incluso la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y los servicios jurídicos recomendaron reformular la propuesta y tramitarla en forma de ponencia conjunta para permitir un debate entre todos los grupos. Pero la oposición boicoteó la ponencia, en protesta por el contenido que se pretendía dar a la reforma reglamentaria. Aducen que un cambio de las reglas del juego del día a día parlamentario debe hacerse con un debate sereno y sin imposiciones temporales.

Lo cierto es que no solo los grupos no independentistas han criticado la reforma. También el propio 'constitucional catalán', el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha instado por unanimidad a retocar el textoConsell de Garanties Estatutàries de la reforma reglamentaria porque vulnera la Constitución y el Estatut y limita los derechos de las minorías parlamentarias.

"La tramitación en lectura única debe ser utilizada de forma excepcional para la aprobación de leyes que no requieran un extenso proceso deliberativo por su escasa relevancia política y social", afirma el CGE en su resolución. El Consell subraya que "como garantía de los derechos de los diputados", el artículo 135 -el que introduce en el reglamento la tramitación exprés de las leyes de un grupo parlamentario- debería prever "explícitamente la facultad de presentar enmiendas y los términos en que se sustanciaría este trámite". Pero si no hay sorpresas de última hora, ninguna de las 11 enmiendas del grupo del Govern, de Junts pel Sí, prevé modificar el redactado, tal como le reclama el CGE.

Suspensión por corrupción

Por otra parte, habrá que ver si JxSí acepta una de las enmiendas de la CUP, que reclama que el reglamento incorpore que "la mera condición de investigado en un procedimiento penal por parte de un órgano judicial del ámbito penal por un delito del ámbito de corrupción política provocará inmediatamente la suspensión de la condición de diputado por un periodo de tres meses". De aprobarse esta modificación, automáticamente Germà Gordó, exdiputado del PDECat y hoy parlamentario no adscrito, debería ser suspendido, por estar investigado en el 'caso 3%', de presunta financiación ilegal de la extinta Convergència.