EL ÓRDAGO SOBERANISTA
La Guardia Civil acusa de sedición a un alto cargo del Govern por el 1-O
La investigación de la Guardia Civil por los preparativos del referéndum del 1-O ha dado un salto cualitativo. Por ahora, a ningún alto cargo se le había comunicado de forma directa que estaba siendo investigado por, entre otros delitos, sedición. Agentes del instituto armado lo han hecho este miércoles con el secretario general de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin. El Govern ha reaccionado por la tarde anunciando que denunciará ante los juzgados lo que consideran una persecución.
"¡Basta ya!", ha exclamado el portavoz del Ejecutivo catalán, Jordi Turull. "He dado orden a los servicios jurídicos para que denuncien ante los juzgado por vulneración de derechos fundamentales y convertir una denuncia muy concreta en una causa general contra todo un país que quiere votar", ha explicado. El portavoz del Govern ha señalado que denunciarán a "todas las personas que intervienen en esta actuación contra la voluntad de un pueblo".
Las pesquisas se enmarcan en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que está bajo secreto, y que se incoaron a raíz de las palabras pronunciadas en conferencias por el exmagistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal, en las que afirmó que el Govern había obtenido los datos fiscales de todos los catalanes "de forma ilegal". Los agentes ya han tomado declaración a varios funcionarios de la Administración autonómica.
Penas de hasta 15 años
Nin ha empezado a declarar como testigo, pero ante los indicios de que algunas de sus respuestas podrían incriminarle, la Guardia Civil le ha anunciado que pasaba a tener la condición de investigado, atribuyéndole, entre otros delitos, el de sedición. El alto cargo necesitó entonces la asitencia de un abogado. Fuentes oficiales han asegurado que se investigan varios delitos, uno de ellos el de sedición, y que cuando finalicen las pesquisas se concretarán los que a su entender se han cometido. El delito de sedición, penado con hasta 15 años, castiga a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad [...] el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Al secretario general de la Presidència se le ha preguntado por la página de internet del Pacte Nacional pel Referéndum. Y es que fue su departamento el que se encargó inicialmente de crear la web, aunque, después, se trasladó su gestión a dicho ente. El 28 de junio, los agentes ya tomaron declaración como testigos por el mismo asunto a varios empleados públicos.
Otro alto cargo, citado
Tras el interrogatorio, el secretario general ha abandonado las dependencias de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, donde este miércoles por la mañana también ha sido citado a declarar como testigo Jordi Graells, director general de Atenció Ciutadana de la Generalitat.
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