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CORRUPCIÓN.CAT

La Guardia Civil investiga presuntos amaños en la contratación de obra por parte del Govern de Mas

Gordó y Viloca supuestamente repartían licitaciones a empresas que posteriormente efectuaban pagos a CDC

J. G. Albalat

El expresident de la Generalitat, Artur Mas.

El expresident de la Generalitat, Artur Mas. / ALBERT BERTRAN

La Guardia Civil está analizando desde hace meses una serie de documentos que vinculan al Govern de Artur Mas (2011-2015) con el amaño de contratos de obra pública a cambio de comisiones a la extinta Convergència. Según ha publicado este lunes 'El Español', el valor de estos contratos podría alcanzar los 500 millones de euros, y los artífices de las manipulaciones serían el 'exconseller' de Justícia Germà Gordó y el extesorero de CDC Andreu Viloca, ambos imputados en el 'caso 3%', cuyas pesquisas son la génesis de estas nuevas informaciones.

Fuentes de la investigación han precisado a EL PERIÓDICO que por ahora no se han judicializado los documentos que apuntan a dicho amaño y que esta acción no se llevará a cabo hasta que no se esclarezca su credibilidad. No obstante, en el proceso que se instruye en un juzgado de El Vendrell sobre el supuesto pago de comisiones del 3% a la extinta CDC ya aparecen datos en ese sentido. A saber: que Gordó (todavía diputado pero fuera del PDECat y JxSí) supuestamente hacía de correa de transmisión con Andreu Viloca. Y es que algunos contratos fueron adjudicados a empresas que después fueron donantes de fundaciones vinculadas a CDC, como CatDem Fòrum Barcelona.

Según la documentación desvelada por 'El Español', dirigentes de CDC utilizaron empresas públicas de la Generalitat, como Gerència d'Infraestructures (GISA), para efectuar las mordidas. El Ejecutivo de Mas nombró a un hombre de confianza para ocupar la presidencia de la agencia, Joan Lluís Quer, quien organizó una cena secreta con empresarios catalanes desde un correo externo a la Generalitat.

Él mismo impulsó en el 2011 la Oficina Tècnica d'Adjudicacions (OTA), que teóricamente revisaba las valoraciones de los técnicos y evitaba que fueran comprados por las constructoras, pero en realidad, siempre según los documentos aportados por el citado diario, se creó para modificar las licitaciones al gusto de CDC. Desde esta oficina, se cambiaban puntuaciones y se facilitaba la obtención de contratos públicos. El máximo responsable de OTA, Jaume Cortasa, admite en un documento que el director general de Infraestructures, Josep Antoni Rosell, le requería variar la puntuación de la empresas presentadas para manipular el resultado.

Declaración aplazada

La Guardia Civil interrogó hace unos días a las secretarias de Gordó, entre ellas una hija de Viloca, y este lunes estaban previstas las declaraciones del 'exconseller' y del extesorero convergente ante el juez del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Carlos Ramos, que investiga al exdiputado. Sin embargo, estas comparecencias han sido suspendidas debido a la enfermedad del abogado que defiende al parlamentario catalán, lo que no hace más que posponer un trámite nada fácil para los encausados.

Fuentes de la investigación aseguran tener suficiente información para demostrar que las comisiones a Convergència alcanzaron por algunos contratos no hasta el 3%, sino hasta el 10% del valor total de la obra o el servicio adjudicados. El PDECat ha restado toda credibilidad a 'El Español' y sus nuevas informaciones y ha denunciado que con ellas "quizá algunos quieren esconder" que Mariano Rajoy comparece este miércoles como testigo del 'caso Gürtel'.

La denuncia de un trabajador de GISA explicó comó se falsearon concursos

La Guardia Civil encontró en una maleta de Josep Antoni Rosell, exdirector general de la empresa de gestión de infraestructuras de la Generalitat GISA, una denuncia de un trabajador de la firma en la que denunciaba cómo se amañaban concursos. Según este empleado, el método consistía en controlar las adjudicaciones en la fase de la oferta técnica de una obra o servicio, a la que se atribuían el 70% de los puntos, con posteriores limitaciones a la parte de la oferta económica (el 30% de los puntos restantes), mucho más objetiva que la primera.

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