EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

La número dos de Ensenyament también cae antes del 1-O

Maria Jesús Mier era una pieza clave para garantizar la apertura de los colegios electorales

Maria Jesús Mier, hasta ahora secretaria general de Ensenyament, en una reunión en el Ministerio de Educación en el 2015.

Maria Jesús Mier, hasta ahora secretaria general de Ensenyament, en una reunión en el Ministerio de Educación en el 2015. / JUAN MANUEL PRATS

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Fidel Masreal / Barcelona

La cuenta atrás hacia el 1-O se sigue cobrando víctimas políticas en el Govern de Junts pel Sí. La última de ellas ha sido la secretaria general de Ensenyament, Maria Jesús Mier, que deja su cargo a poco más de dos meses del anunciado referéndum unilateral de independencia. Mier ha sido durante el último año y medio la número dos de la 'consellera' Meritxell Ruiz, uno de los cuatro miembros del Consell Executiu apartados en la reciente remodelación impulsada por el 'president', Carles Puigdemont.

Ensenyament es uno de los departamentos clave en la organización y ejecución del 1-O, por cuanto la apertura de los colegios electorales es un factor determinante para el éxito o fracaso de la convocatoria. Fuentes conocedoras aseguran que el perfil de Mier era netamente incompatible con el de la nueva 'consellera', Clara Ponsatí, que sustituyó a Ruiz en el cargo.  El sustituto de Mier será Lluís Baulenas i Cases, el actual director general de Centres Públics.

20 CAMBIOS EN TRES MESES

Pero los cambios, ya sea en forma de relevos, ceses o dimisiones, entre el Govern y altos cargos de la Administración no han dejado de sucederse. Según ha informado Efe, la Generalitat ha registrado en los últimos tres meses una veintena de salidas, entre las que hay que contar a cuatro 'consellers' (Neus MuntéJordi JanéMeritxell Ruiz y Jordi Baiget), el secretario del Ejecutivo (Joan Vidal de Ciurana) y los directores de los Mossos d'Esquadra (Albert Batlle) y del servicio de emergencia 112 (Frederic Aran).

Además, en el departamento de Empresa, la marcha de Jordi Baiget desencadenó el 13 de julio varios nombramientos de altos cargos cruzados entre las 'conselleries' de Empresa y Cultura, de donde procedía Santi Vila, nuevo titular de Empresa. En el rango de la secretaría general, el hasta entonces número dos de Cultura, Pau Villòria, se mudaba a Empresa e intercambiaba su cargo con el secretario general de ese departamento, Xavier Gibert.

La operación se repitió en la dirección de servicios: Josep Antoni Mundó pasó de Empresa a Cultura y Josep Solà hizo el cambio en el sentido inverso. Para cubrir el cargo que dejó vacante el 'conseller' de Cultura, Lluís Puig, el Govern nombró a Àngels Blasco como directora general de Cultura Popular. Al margen de estos cambios, a lo largo de los meses anteriores se ha producido un goteo de relevos en el seno de la Generalitat.

REVÉS A LA VÍA UNILATERAL

Estas idas y venidas se suceden mientras el 1-O suma reveses. El último se lo ha infligido el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, quien ha puesto en cuestión la legitimidad del referéndum unilateral del 1-O y las bases jurídicas de la estrategia independentista.

En un artículo titulado 'El futur polític de Catalunya: El paper del Parlament', publicado en la Revista Catalana de Dret Públic, Bayona avala el derecho a decidir, pero tras repasar la jurisprudencia vigente, concluye que "ni la Generalitat ni el Estado pueden convocar un referéndum o una consulta popular que pueda afectar el orden constitucional". Y asegura que la doctrina del Tribunal Constitucional cuestiona incluso la posibilidad de que fuera el Estado quien, previo acuerdo con la Generalitat, convocara el referéndum si la pregunta afectara al statu quo constitucional.

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Bayona, que es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pompeu Fabra, lanza una última advertencia muy contundente: "En un contexto tan hostil, [la vía unilateral] puede tener consecuencias en cuanto al reconocimiento de sus efectos en el ámbito interno y externo, ya que parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y los estándares mínimos exigibles a un procedimiento participativo como éste. 

Ante un varapalo de estas características, el 'conseller' de Presidència, Jordi Turull, ha optado por negar toda autoridad al letrado mayor del Parlament. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el portavoz del Govern ha afirmado que "no es un artículo jurídico, sino político2, por lo que lo considera la "opinión política que tiene un ciudadano" pero sin ninguna validez jurídica. Por el contrario, los grupos de la oposición han coincidido en sus elogios a Bayona.