El proceso judicial por la adquisición de las urnas del 1-O sigue adelante

El proceso judicial contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, y contra el secretario general de este departamento, Francesc Esteve, por la licitación de las urnas para el referéndum del 1 de octubre seguirá su curso, a pesar de que el concurso público convocado por la Generalitat quedó desierto. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por la defensa contra la admisión de la querella presentada por la Fiscalía Superior de Catalunya por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos. El próximo paso debería ser citar como investigados a Borràs y Esteve para ser interrogados.

Los magistrados recuerdan que la admisión a trámite de una querella debe ceñirse a la "verosimilitud y tipicidad objetiva" que se desprenda del relato de hecho que en ella se contenga y no debe entrarse en valorar la responsabilidad criminal de los acusados, sino la "procedencia de iniciar un proceso de investigación" para esclarecer si se ha cometido o no un delito.

LA PROHIBICIÓN

La resolución destaca que el hecho de que la Generalitat no disponga de las urnas, de su eventual necesidad para todo tipo de consultas, de su naturaleza reutilizable, entre otras cuestiones, "en nada desdice" la realidad de la prohibición el 4 de abril por parte del Tribunal Constitucional de iniciar los preparativos para la celebración de un referéndum. Y recuerda que la providencia del alto tribunal especificaba a los miembros del Govern, a la 'consellera' Borràs entre ellos, "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa" a este respecto, haciendo mención expresa a la licitación por la Generalitat de contratos administrativos para la preparación del referéndum.

El TSJC alude que, precisamente, el acuerdo marco firmado para la compra de las urnas se firmó "solo cinco días" después de esta advertencia del Constitucional. Y agrega que el 9 de junio, un mes más tarde, el 'president' de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo público el anuncio de su "firme voluntad" de celebrar el referéndum. "Existen indicios de que pudiéramos asistir ha hechos concatenados", sostiene el tribunal. Además, los magistrados subrayan que el acuerdo marco firmado por Esteve para la adquisición de las urnas podría estar orientado a "infringir el mandato" del Constitucional y también podría tener "repercusiones en el patrimonio" de la Genralitat (presunto delito de malversación de fondos públicos).