El Gobierno minimiza el impacto de la ley del referéndum

El Gobierno actúa como si la ley catalana del referéndum, que contempla una independencia exprés tras la anunciada votación del 1 de octubre, no tuviera una gran importancia. Los precedentes inmediatos en la organización de la convocatoria, en especial el fiasco en el proceso de compra de urnas, las últimas fricciones en el Govern, con la destitución del 'conseller' Jordi Baiget como episodio principal, y las dudas legales de la iniciativa, que no fija una participación mínima para que sea vinculante, hacen que la Moncloa vea el nuevo paso del independentismo como "puro teatro" y poco más. "No tienen urnas, nadie va a defender la ley ante el Congreso de los Diputados, tampoco cuentan con el apoyo de los funcionarios y están haciendo el ridículo a nivel internacional", señalaron fuentes gubernamentales.

Por el momento, el Ejecutivo no acudirá al Tribunal Constitucional, que este miércoles anuló las partidas para el referéndum incluidas en los presupuestos de la Generalitat. Mariano Rajoy esperará hasta que el Govern firme la norma, cosa que en principio ocurrirá en septiembre, para recurrir ante el alto tribunal, que salvo sorpresa mayúscula suspenderá su aplicación.

A partir de aquí, en el PP creen que la ley no llegará a ser aprobada por el Parlament. "No habrá otro 9-N", anticiparon fuentes populares, en referencia al sucedáneo de consulta del 9 de noviembre del 2014. El Gobierno, continuaron, tiene ahora "más armas". Los funcionarios no están por la labor de colaborar en el referéndum y cualquier gasto de dinero público destinado a la iniciativa podría ser después detraído del patrimonio personal de los dirigentes independentistas. El "escenario más probable", concluyeron las mismas fuentes, "son unas elecciones autonómicas".

"DELIRIOS FRENTISTAS"

"Los delirios autoritarios y frentistas nunca podrán vencer a la serenidad y al equilibrio del Estado democrático", dijo Rajoy al final de un discurso en la Cámara de Comercio de España, en el que también pidió a los "catalanes sensatos y moderados" que "mantengan la confianza en el futuro". El jefe del Ejecutivo volvió así a las comparaciones con las dictaduras, como ya hizo cuando se publicó el primer borrador de la ley de transitoriedad jurídica, pero de forma suave.

El PSOE optó por un lenguaje más contundente. Según su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, exmagistrada del Tribunal Supremo, el 'president' Carles Puigdemont ha colocado a Catalunya "en parámetros absolutamente propios de una dictadura". Pero los socialistas no quieren quedarse solo en la defensa de la legalidad vigente. Pedro Sánchez se reunirá este jueves con Rajoy en la Moncloa y allí le pedirá que dé "una solución política" al actual conflicto. Según fuentes cercanas al líder del PSOE, sus esperanzas de que vaya a mover al jefe del Ejecutivo son escasas.

Desde Ciudadanos, Albert Rivera acusó a los dirigentes independentistas de vivir "en un mundo paralelo donde no existe ni la Constitución, ni el Estatut, ni la convivencia, ni la igualdad". Por parte de Podemos, Pablo Iglesias insistió en la necesidad de un "referéndum pactado y con garantías".