La fiscalía pide perseguir la licitación de las urnas aunque el concurso quedó desierto

La fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que continúe el proceso judicial contra la 'consellera' de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, lo que comporta pena de prisión por licitar las urnas para el referéndum del 1-O, a pesar de que el consurso ha quedado desierto. Así lo expone en el escrito presentado este viernes ante el alto tribunal y en el que se opone a los recursos interpuestos por el abogado defensor de Borràs, que reclaman no aceptar la querella contra la 'consellera' y el que fuera secretario general de su departamento, Francesc Esteve.

La fiscalía recuerda que, el pasado 4 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) notificó al Govern su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga vulnerar la prohibición de convocar un referéndum independentista unilateral. Destaca que la decisión de licitar la compra de las urnas "se halla presidida por una deliberada y consciente voluntad de infringir" lo ordenado, precisamente, por el TC.

El escrito alega que, en las noticias de los medios de comunicación, "no se esconde, antes bien se blasona, que necesitan urnas para la realización del referéndum". Irónicamente, apunta que "resulta llamativo que, después de decenas de años sin contar con urnas propias, se despierte súbitamente una incontenible necesidad de adquirirlas justamente a falta de cuatro meses de la fecha anunciada para el referéndum". El delito se consuma, señala el texto, desde el momento en que el destinatario de la resolución del TC "desobedece o desantiende" el requerimiento.

SIN COBERTURA LEGAL

En opinión de la fiscalía, los querellados también han cometido un delito de prevaricación (acordar una decisión injusta a sabiendas), pues la licitación para comprar las urnas no solo "carece de cobertura legal", sino que "evidencia la intrínseca arbitrariedad" de la conducta desarrollada por Borràs al "dar inicio a un trámite constitucionalmente ilegítimo para impulsar los medios necesarios con los que celebrar el ilegal referéndum".

E incide en que se comete el delito en el momento en el que los querellados llevan a cabo los actos necesarios para la promulgación del acuerdo marco para la compra de las urnas. La fiscalía subraya que la puesta en marcha del proceso de contratación "colma los requisitos" de la prevaricación. "El que, por falta de requisitos necesarios para adjudicar el contrato, se haya declarado desierto el concurso, o lo que es lo mismo, no se haya alcanzado la meta pretendida, no afecta a la consumación del delito", argumenta.

La fiscalía también estima que Borràs ha cometido un delito de malversación de caudales públicos, al menos, en grado de tentativa. "El inicio, formalizado y publicado, de un procedimiento de contratación administrativa dirigida a una finalidad ilegal pone de manifiesto que sus autores han dado principio a la ejecución del delito", señala.

"ESLÓGANES O CONSIGNAS"

Y rechaza algunas afirmaciones de la defensa, en concreto las que aluden al "uso preventivo del derecho penal" o a que se "persiguen hechos que todavía no se han cometido", frases, según la fiscalía, "quizá idóneas para ser empleadas como eslóganes o consignas, pero que no se compadecen en absoluto con la realidad de los hechos acaecidos".