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El fiscal pide al Supremo que confirme la condena de Mas, Rigau y Ortega por el 9-N

Insiste en que "no existía el derecho a a votar en una consulta proclamada inconstitucional"

Entiende que Rigau podía haber sido condenada como autora, pero tendría la misma pena

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Mas, Ortega y Rigau acompañan a Francesc Homs en el juicio por el 9-N celebrado en Madrid.

Mas, Ortega y Rigau acompañan a Francesc Homs en el juicio por el 9-N celebrado en Madrid. / JUAN MANUEL PRATS

El fiscal del Tribunal Supremo Jaime Moreno, el mismo que ejerció la acusación contra el exconseller Francesc Homs en el juicio que se celebró en el alto tribunal por su condición de aforado, ha informado en contra de los recursos presentados por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la 'exconsellera' de Presidència Joana Ortega y la 'exconsellera' de Ensenvament Irene Rigau contra la condena que les impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por impulsar la consulta del 9-N del 2014.

La Fiscalía, que sostiene que Rigau pudo haber sido condenada como coautora y no solo como cooperadora necesaria del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional, aunque habría tenido la misma pena, solicita al alto tribunal que confirme la condena de dos años de inhabilitación impuesta a Mas, de un año y nueve meses a Ortega y de un año y medio a Rigau.

El informe, de 54 páginas, rechaza todos los motivos esgrimidos por las defensas para intentar su absolución ante el alto tribunal y considera innecesario celebrar una vista de casación para que las defensas puedan exponer de viva voz los argumentos que esgrimen en sus escritos. Pocas veces lo ha tenido tan fácil. Gran parte de su argumentación deriva de la sentencia del propio Tribunal Supremo que condenó a 13 meses de inhabilitación al 'exconseller' de Presidència Francesc Homs por su participación en el 9-N.

CLARIDAD DEL MANDATO

La utiliza junto a la dictada por el TSJC para insistir en la "claridad del mandato" de la providencia del 4 de noviembre de 2014 del Constitucional y considerar "infundada" la solicitud de aclaración que plantearon los condenados para tratar de negar la desobediencia. E insiste en que "no existía un derecho a votar en una consulta que proclamó el TC inconstitucional" en sentencia y que había ordenado suspender mediante la providencia de noviembre que privó "de competencia a la Generalitat para su desarrollo".

"El pretendido carácter no jurisdiccional del TC llevaría al absurdo: ¿quiere ello decir que pueden ser incumplidas sus resoluciones?", se pregunta el fiscal, que pone de ejemplo el caso de un condenado al que se concede el amparo y que no queda en libertad porque el tribunal que le condenó decide que el Constitucional solo hace "meras resoluciones declarativas".

Y si fuera así, prosigue la argumentación, por qué la Generalitat sí acató las providencia del 29 de septiembre, y modificó el proceso de participación que tenía previsto en un primer momento para celebrar una consulta con voluntarios. 

DISTORSIONADOR E IMPERTINENTE

El informe señala que los documentos, como el del Consejo Asesor para la Transición Nacional, que esgrime Mas para negar que existiera delito en su decisión de sacar las urnas, "no pueden valorarse aisladamente, sino en contraste con otras pruebas o elementos probatorios", por lo que no existe "el error" alegado por el expresident para pedir su absolución.

También discrepa de que la negativa a incluir entre las pruebas del juicio un informe del fiscal Superior de Catalunya con la posición de la Junta de Fiscales, contraria a presentar la querella que dio origen al procedimiento, haya tenido alguna repercusión en la condena. Es más lo considera "distosionador", porque se trató de un debate interno. Además, se remite a la sentencia dictada por el Supremo contra Homs, donde también se planteó por la defensa esa prueba y se declaró "impertinente".

PARA CARGOS PÚBLICOS

Por si había alguna duda para los condenados, el fiscal sostiene que "existe relación de semejanza directa entre las funciones ejecutiva y administrativas del recurrente como presidente de la Generalitat y las funciones encomendadas a un miembro electo integrante del poder legislativo en el Parlamento de Catalunya o el Parlamento Europeo o las Cortes", por lo que la condena se extiende a todos estos cargos y a ser europarlamentario, como pretendía Homs.