Puigdemont defiende el referéndum como "una cuestión de higiene democrática"

El ‘president’ de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado este viernes sus intenciones de sacar adelante el referéndum, pese al malestar que levanta en los cargos del Ejecutivo la desinformación que envuelve la cita. En un artículo publicado en 'El Punt Avui', Puigdemont ha asegurado que” votar ha acontecido una cuestión de higiene democrática ante la creciente degradación democrática del Estado español” y ha defendido que las urnas “son siempre la solución y por eso las pondrán”. Además, asegura que la consulta será "efectiva" y "vinculante" porque estará hecha "con todas las garantías" y porque, a partir del día 2 de octubre, "el Govern empezará a implementar los resultados".

En su relato no ha escatimado críticas al Gobierno de Mariano Rajoy, al que acusa de “ser capaz de borrar la separación de poderes para parar la voluntad del pueblo de Catalunya” e incluso “usar sus cloacas para intentar desprestigiar dirigentes políticos con mentiras y difamaciones”, una apelación directa a la 'operación Cataluña'. En ese sentido, lamenta las inhabilitaciones a los responsables del 9-N y que el Tribunal de Cuentas les quiera hacer pagar los gastos de la consulta, lo que para él demuestra "un claro encarnizamiento".

EL ESTATUT, PUNTO DE INICIO DEL 'PROCÉS'

Para el ‘president’ hay un evidente paralelismo entre el referéndum previsto para el 1 de octubre y el que se celebró el 18 de junio del 2006 sobre el Estatut de Catalunya: “fue acordado, legal y celebrado con todas las garantías. Aún así, el PP decidió de manera unilateral presentar un recurso al Tribunal Constitucional”, mantiene, y recuerda que finalmente los magistrados dieron “la razón al PP” y lo tumbaron, “ignorando la voluntad expresada por el pueblo de Catalunya”.

Por otra parte, Puigdemont hace hincapié en que tuvo menos del 50% de participación y que “nadie se cuestionó el resultado”. Aún así, señala que esta consulta contribuyó a “iniciar el ‘procés’ que se está a punto de culminar”. “El Estatut nos demuestra que el problema no está en si el referéndum es acordado y legal, sino en si hay voluntad política de respetar la voluntad de los ciudadanos”, zanja, y apela a la adaptación de las leyes: “En ningún caso la ley tiene que servir para amputar esta voluntad popular y, en el supuesto de que no coincidan, el que hay que cambiar es el marco legal”, defiende.