El PNV intenta arrancar ahora al PP el traspaso de la Seguridad Social

El PNV ya ha fijado su próximo objetivo: la gestión de la Seguridad Social. Eso sí, sin romper la caja única. Tras haber ayudado a Mariano Rajoy a aprobar los Presupuestos de 2017 a cambio de una sustanciosa compensación, y tras comprobar que ese apoyo apenas ha incomodado a su electorado según las encuestas, los peneuvistas ven la oportunidad de seguir obteniendo réditos económicos. Los populares ya están llamando a su puerta para negociar, entre otras cuestiones, el techo de gasto de las cuentas del 2018.

Los peneuvistas aspiran a recaudar las cotizaciones de la Seguridad Social y pagar las prestaciones, aunque determinar la cuantía de las pensiones seguiría siendo competencia del Estado. Si el PP acepta su propuesta, toda la estructura de los funcionarios y la tramitación de las prestaciones pasarían a manos de Euskadi. Con este planteamiento, afirman que el modelo mantendría intacta la caja única.

Aunque con cautela, el partido de Andoni Ortuzar sabe que está ante una oportunidad casi única de lograr un traspaso histórico. Salvo sorpresas, volverán a tener un papel protagonista en los Presupuestos de 2018, que se comenzarán a negociar en otoño pero que ya se están cocinando. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE dificulta aún más un entendimiento entre socialistas y populares, por lo que las opciones de Rajoy para aprobar las cuentas del próximo año se limitan a seguir manteniendo contentos a sus socios, especialmente a Ciudadanos y PNV.

Los nacionalistas vascos están viviendo un momento dulce con Rajoy en minoría, como se vio esta semana cuando, tras cinco años sin reunirse, se convocó la Junta de Seguridad de Euskadi y se incluyó a la Ertaintza en los sistemas de información policiales europeos. 

APOYO DE LOS SOCIALISTAS VASCOS

El PSE, socio de los peneuvistas en Vitoria, también considera “urgente” y “prioritario” lograr la gestión de la Seguridad Social. De hecho, en el pacto de legislatura firmado por ambos partidos se recoge que es uno de los principales objetivos de la entente, junto con la consecución de la competencia de prisiones. En este segundo caso, Euskadi gestionaría las prisiones aunque tendría que ejecutar la ley penitenciaria española.

El equipo negociador del PNV, con el consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, a la cabeza, intentará explorar su fluida relación con la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría. Como argumentos, expondrá que la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tiene soporte legal en varios artículos del Estatuto de Gernika, a pesar de lo cual los sucesivos gobiernos españoles se han resistido a efectuar este traspaso de competencias.

SISTEMA PROPIO DE PENSIONES

Noticias relacionadas

Rajoy confía en el PNV para neutralizar el 'efecto Sánchez'

Rajoy acepta rebajar el cupo vasco en más de 500 millones

Con todo, el PNV mantiene como aspiración la puesta en marcha en el futuro de un sistema propio de pensiones, y su detalle podría analizarse en la ponencia del Parlamento Vasco que estudia un nuevo estatus de autogobierno. En la reciente Asamblea Nacional del partido se planteó el modelo: un sistema basado en las cotizaciones salariales y en la previsión complementaria y voluntaria (EPSV) o también a través de los Presupuestos autonómicos si fuera preciso. Euskadi asumiría incluso la capacidad legislativa. Pero el PSE no llega tan lejos, por lo que por el momento los peneuvistas se atienen a su pacto y se limitan a reclamar la gestión de la Seguridad Social.

Desde el lado del PP, el contexto negociador se ha complicado. Los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones están debatiendo cómo recortar el gasto en 6.000 millones de euros para intentar paliar el agujero de unos 20.000 millones que padece el sistema público de pensiones. Las negociaciones se han ralentizado, a la espera de las directrices que emanen del Congreso Federal del PSOE y del equipo de Sánchez, toda vez que los acuerdos necesitan del apoyo de las dos principales fuerzas de la Cámara. Los únicos consensos hasta el momento se limitan a compartir el diagnóstico de que las pensiones viven una situación de emergencia y se debe estudiar su financiación.