EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Junts pel Sí y Sí que es Pot pactan llevar a la ONU la judicialización del 'procés'

Acuerdan una moción que pide llevar a los principales organismos internacionales la actuación del Estado contra el soberanismo

La confluencia de izquierdas apoyará el texto a cambio de que hable de "referéndum efectivo" y atacar al Gobierno del PP

Joan Josep Nuet, con los otros miembros de la Mesa imputados por el TSJC: Carme Forcadell, Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet.

Joan Josep Nuet, con los otros miembros de la Mesa imputados por el TSJC: Carme Forcadell, Anna Simó, Lluís Corominas y Ramona Barrufet. / JULIO CARBÓ

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ROGER PASCUAL / FIDEL MASREAL / BARCELONA

Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot han acordado este miércoles en el Parlament una moción de JxSí que insta al Govern a 'internacionalizar' el órdago independentista, llevando ante la ONU y otros organismos internacionales las posibles "vulneraciones de derechos por parte del Estado español" en el marco del 'procés'. A cambio, la coalición de PDECat y ERC ha garantizado a los 'comuns' que introducirá en el texto el concepto de "referéndum efectivo" y remarcará la crítica a la actitud del Gobierno del PP. La redacción final está a la espera de las enmiendas de la CUP, pero está previsto que la moción prospere con el apoyo de 83 de los 135 diputados de la Cámara catalana.

El texto, que se votará este jueves, incorpora un punto en el que se indica que si la justicia española actúa contra los principios de "libertad de expresión o de inviolabilidad de los cargos electos", el Parlament no solo responderá apoyando a los políticos encausados, sino que transmitirá una queja formal al Consejo de Europa, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al comisario de Justicia de la UE, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Tribunal Internacional de Justícia de La Haya.

PETICIÓN DE APOYO INTERNACIONAL

La moción también solicita "al mundo internacional su apoyo para conseguir que la demanda expresada por el pueblo catalán en manifestaciones reiteradas de centenares de miles de personas y en el proceso participativo del 9-N sea respondida por parte del Ejecutivo central de la única manera posible: permitiendo y facilitando la celebración de un referéndum".

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El documento, que consta de ocho puntos, defiende a la Mesa del Parlament y a los cargos afectados por procesos de inhabilitación o investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado o el Tribunal Constitucional; manifiesta su "rechazo más enérgico a la escalada de amenazas y acciones por parte de representantes institucionales y políticos del Estado, que suponen una clara regresión democrática"; y considera "imprescindible que la justicia del Reino de España acepte y actúe respetando el principio de inviolabilidad parlamentaria que ampara la opinión, la iniciativa y el voto de los cargos electos".

También indica que en España "existen casos claramente ilustrativos del uso desproporcionado que se hace del Código Penal para coartar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y para intentar castigar penalmente a las voces discordantes con el discurso oficial de las instancias gubernamentales". En este sentido, menciona un reciente informe del Síndic de Greuges sobre los "déficits democráticos españoles" que concluye que el Estado "erosiona" la separación de poderes.