Puigdemont hará una campaña para explicar la ley de desconexión
El 'president' Carles Puigdemont, en un acto la semana pasada en Barcelona. / periodico
Por qué confiar en El Periódico La base legal del referéndum irá conociéndose con cuentagotas. Después de dar concocer la fecha y la pregunta, el próximo hito del proceso soberanista es la ley de transitoriedad jurídica, el marco legal bajo el que la Generalitat quiere que se ampare la consutla, dado que el Gobierno pondrá la legislación española en contra del referéndum.
Sobre la ley de transitoriedad, el 'president' Carles Puigdemont ha anunciado este lunes en una entrevista en RAC-1 que antes de acabar junio o en la primera semana de julio se explicará la conocida como ley de desconexión y que habrá una campaña para explicar el contenido de esta norma. Con todo, la ley no se aprobará hasta finales de agosto o principios de septiembre, que será cuando se convocará formalmente el referéndum. A tal efecto, Puigdemont también ha confirmado que con toda probabilidad deberá habilitarse la última quincena de agosto en el Parlament.
Sobre la convocatoria, el 'president' se ha abierto a la posibilidad de que el decreto sea firmado, además de por el Govern, por diputados y otros cargos electos como alcaldes. "Mucha gente quiere firmar. Si se da el caso que es la manera más seria o más sólida, no excluiremos esta posibilidad", ha añadido.
PETICIÓN PARA EXPLICARSE, NO PARA VOTAR
Por otra parte, el jefe del Govern ha avanzado que esta misma semana enviará una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para acudir a la Cámara baja a explicar el referéndum, aunque ha reiterado que no aceptará en ningún caso que su argumentación sea sometida a votación. "Ya se votó el Estatut y el resultado es conocido por todos", ha recordado, al tiempo que ha insistido en que lo único que no se ha votado "es la propuesta española para Catalunya".
LA INHABILITACIÓN
Sobre la posibilidad de ser inhabilitado tras firmar el decreto de convocatoria del referéndum, Puigdemont ha recalcado que normalmente las inhabilitaciones son consecuencia de un proceso judicial, que ha llevado un tiempo, como en el caso del 'expresident' Artur Mas, las 'exconselleres' Joana Ortega e Irene Rigau y el 'exconseller' Francesc Homs. "No es un proceso exprés, por tante, entre la convocatoria y la celebración del referéndum sería raro que hubiera una sentencia firme de inhabilitación", ha considerado, aunque ha subrayado que se trata de un "terreno jurídicamente incierto".
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