Los "verdaderos cohechos" de las donaciones a CDC

La Fiscalía Anticorrupción tiene pocas dudas de la actuación de Andreu Viloca en el cobro de los "verdaderos cohechos" recibidos por CDC en forma de donaciones al partido a cambio de adjudicaciones de obra pública. En un informe presentado en el marco del 'caso del 3%', el ministerio público atribuye al que fue tesorero de Convergència y de las fundaciones CatDem, Fórum Barcelona y Nous Catalans "un especial seguimiento" de las "adjudicaciones y licitaciones otorgadas por entidades públicas gobernadas por CDC, tanto a nivel local y provincial como autonómico".

La Guardia Civil, que logró reconstruir 11 de los documentos que el extesorero intentó destruir en la trituradora cuando se produjeron los registros, sostiene que del material intervenido en esas actuaciones se desprende el "control exhaustivo" que llevaba Viloca "de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas administraciones bajo la esfera de poder de CDC".

"[Es él] quien controla de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de CatDem y Fòrum Barcelona". En su despacho tenía anuncios de licitaciones que luego eran adjudicadas a empresas con cuyos representantes se reunía previamente y que en fechas inmediatamente anteriores o posteriores a la resolución del concurso habían donado a una de las fundaciones.

HASTA LLEGAR A GORDÓ

Aclarado ese extremo, la investigación se centró en "descubrir la cobertura que Viloca tenía en CDC para realizar las diferencias actividades delictivas que se le imputan (...) dentro de la estructura ideada para llevar dinero" al partido. Y las pesquisas condujeron a Germà Gordó, al que en las comunicaciones intervenidas se identifica como "Gregorio" o "Gerardo".

Tras rechazar una primera petición del juez, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya acabó por aceptar los argumentos esgrimidos para investigar al 'exconseller' de Justícia y exgerente nacionalista. Era una reclamación de Anticorrupción, anterior a los registros del pasado febrero, "profundizar" en "quién o quiénes del partido CDC conocían y consentían, incluso ideaban, el sistema de adjudicaciones de obra pública determinadas por donaciones a CatDem que, finalmente, iban al patrimonio del propio partido político".

Sobre todo al constatarse en los registros la relación existente con empresarios, como Francesc Xavier Tauler, de Copisa, J.L.R.G, de Rogasa, y Josep Manel Bassols Puig (Oproler), y el también imputado Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, antes GISA.