El abogado de CDC: "La bandera del 'caso Palau' es la pirata, no la catalana"

Turno este miércoles para el informe final del abogado Xavier Melero, que representa a CDC y de su extesorero Daniel Osàcar, en el juicio por el expolio del Palau de la Música.El letrado ha recurrido al símil de la bandera utilizado por el fiscal Emilio Sánchez Ulled ("parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera", dijo la semana pasada) para afirmar que "si alguna bandera hay que invocar" en ese caso es "la de la piratería", y no la catalana, dado que las relaciones de Fèlix Millet eran "de clase", totalmente "transversales".

"La bandera es la catalana y me pregunto si hay algo específicamente catalán en el 'caso Palau', si Millet era catalanista, o soberanista o independentista y si esa adhesión tuvo algo que ver" con el expolio dl auditorio, de la misma forma en que "no hay nada específicamente madrileño en el 'caso Gürtel' o balear en el Palma-Arena o valenciano en los casos juzgados en aquella comunidad".

Tras recordar que el expresidente del Palau fue fotografiado "con José María Aznar, con otros miembros del poder, con el 'establishment' en toda su dimensión", el abogado ha sostenido que "la dimensión del caso Millet era transversal", dado que en su opinión sus relaciones afectaban a todas las formaciones del arco político catalán.

"200 O 300 FAMILIAS"

Para Xavier Melero, "este no es un caso catalán, sino un caso de clase, o mejor dicho de subclase, de una determinada clase social que se encuentra en todas partes", integrada por unas "200 y 300 familias" y totalmente "trasnacional".

Ha insistido en que el extesorero de la formación "no tiene nada que ver con la despatrimonialización del Palau de la Música" y ha aclarado que CDC es una formación que "sigue constituida y es titular de todos los activos de que disponía" cuando el juez la envió a juicio como responsable civil a título lucrativo del expolio. Con esas palabras, Melero ha respondido también al fiscal, que en sus conclusiones definitivas precisó que el decomiso de los 6,6 millones de euros de supuestas comisiones cobradas por CDC de la constructora Ferrovial se aplicara a esta formación política o, en su caso, a "aquella que la hubiera sucedido", en alusión al PDECat.Convergència tiene embargadas 15 sedes.

LAS CONFESIONES

El abogado ha desacreditado las confesiones de Félix Millet y Jordi Montull, que delataron a CDC, y ha asegurado que son "inválidas" puesto que ninguno de los dos aceptó preguntas suyas, pese a que incriminaron a Osácar., por lo que, en su opinión, ha habido una ausencia del principio de contradicción porque las partes no pudieron preguntar. Los dos acusados se limitaron a responder a la fiscalía y a sus abogados defensores.

El letrado ha recordado que Millet y Jordi Montull, así como su hija Gemma,  no incriminaron a Osácar en el juzgado de instrucción y que al inicio del juicio cambiaron su estrategia y, de forma "consensuada" con el fiscal, repitieron "como un mantra" que hicieron llegar a CDC, primero con el extesorero Carles Torrent, fallecido en el  2005, y después con Osàcar las supuestas "mordidas" de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública."Esos coacusados han declarado al servicio de la acusación pública. Ni siquiera se les pudieron leer las pregunta", ha indicado Melero. El letrado ha ironizado incluso afirmando que, ante esta situación, ha sido un "triste convidado de piedra" en el juicio

El letrado ha remarcado que Osàcar fue tesorero entre 2005 y 2010 y que las adjudicaciones de obra pública bajo sospecha sobre supuestas "mordidas" a CDC finalizan en el año 2003, cuando CiU perdió la Generalitat en manos del tripartito (que gobernó hasta 2010). A la vez, ha reconocido que el sistema de financiación de los partidos es "perverso" y que las modificaciones legales para sanearlo son "tan lentas" .

"Sabemos lo que está ocurriendo con los tesoreros de los partidos, pero Osàcar es una persona intachablel", ha subrayado el abogado. el defensor ha descartado que el extesorero de CDC haya incurrido en delito alguno y para  apuntalar su tesis, ha insistido en que los concursos en que se adjudicaron a Ferrovial las obras sospechosas son impecables, sin que ni siquiera la fiscalía discuta su legalidad.