JpD pide la dimisión del Lesmes al frente del CGPJ

Enmarca los últimos nombramientos judiciales en "una política diseñada por el Gobierno"

Relaciona la designación de Espejel y López con lo ocurrido en Anticorrupción

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. / EFE / ISMAEL HERRERO

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ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Juezas y Jueces para la Democracia (JpD) ha exigido en un comunicado la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por la "sectaria política de nombramientos" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que considera se enmarca "en una hoja de ruta" diseñada por el Ministerio de Justicia.

En su opinión, esa política "ha alcanzado su cenit con la designación" de Concepción Espejel, como presidenta de la Sala Penal, y del magistrado Enrique López, para la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (junto a Eloy Velasco), así como de la vocal Carmen Llombart para la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Según la asociación, esas designaciones suponen "el flagrante abandono del cometido institucional y los deberes constitucionales de defensa de la independencia de los jueces y de mantenimiento de la separación de poderes". Y lo vincula con el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general del Estado, del que dice que "obtuvo el plácet casi unánime del Consejo", porque se limita a valorar si cumple el requisito de antigüedad en la carrera exigido.

Según JpD, se trata de una "política de nombramientos diseñada desde el Ministerio de Justicia", que supuso situar al frente de Anticorrupción a "un profesional que, conocidamente, gozaba del favor de investigados por corrupción vinculados al partido del gobierno". Que se le mencionara en las escuchas del 'caso Lezo' es "un escándalo que ilustra sobre el papel reservado a la jurisdicción y el ministerio público en el imaginario de un sector significativo de la derecha gobernante, que se concreta en la subordinación de ambas instituciones a sus intereses político-partidistas".

PAPEL IRREEMPLAZABLE

El Consejo, según JpD, ha cumplido un papel "irreemplazable" en esa "hoja de ruta diseñada al detalle desde Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del gobierno".

Por eso, designó a Espejel y a López en los últimos nombramientos que le han correspondido, pese a que ambos "habían sido apartados reiteradamente" por sus propios compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de los juicios del 'caso Gürtel' por su vinculación al PP.

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"Espejel y López eran los candidatos más inidóneos desde el punto de vista de la separación de poderes y de la imagen de imparcialidad que debe connotar a los tribunales", sostiene la asociación de jueces, que también criticna que la plaza creada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia haya correspondido a la expresidenta de su Audiencia Provincial Carmen Llombart, vocal del Consejo a propuesta del Partido Popular. 

Para la asociación progresista de jueces, el CGPJ "ha hecho causa común con el gobierno y su partido y les ha dado satisfacción nombrando, en tal delicadísima coyuntura, a jueces de su preferencia", lo que "supone una ruptura de reglas básicas de funcionamiento del Estado de derecho, a cuya esencia corresponde someter a los poderes públicos y privados a la Constitución y a la ley, reducir las ilegalidades del poder y sancionar los delitos que cometan los sujetos públicos".