LA JUDICIALIZACIÓN DEL 'PROCÉS'
La fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por el gasto de 5 millones en el 9-N
El ministerio público también solicita que se actúe contra Ortega, Rigau y Homs
En caso de una sentencia en su contra, los investigados tendrían que devolver todo el dinero dedicado a la consulta
Mas, Ortega y Rigau acompañan a Francesc Homs en el juicio por el 9-N celebrado en Madrid. /
La fiscalía ha reclamado al Tribunal de Cuentas que abra una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos condenados por desobediencia al Tribunal Constitucional, para determinar su responsabilidad por el gasto de más de cinco millones de euros en la consulta del 9 de noviembre del 2014.
Con esta petición, el ministerio público se adhiere al escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas por las asociaciones Societat Civil Catalana, Associació Cívica y Cultural, y Abogados Catalanes por la Constitución, que consideran que los cuatro exresponsables del Govern "dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y prespuestaria". En concreto, cifran la malversación en una cantidad "no inferior" a 5.129.834 euros.
"Los precedentes hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable", asegura la fiscalía, que coincide con las asociaciones en que los "numerosos pagos efectuados con cargo al erario púbico" tenían como fin organizar un "acto contrario al ordenamiento jurídico, según mandato explícito del Tribunal Constitucional".
Según el escrito de las entidades denunciantes, los pagos bajo sospecha son 14.837,60 euros para la página web del 9-N, 70.532,08 para la fabricación y transporte de urnas y papeletas, 2.800.735,13 para ordenadores, 828.171,42 euros para la campaña institucional, 1.409,26 euros para seguros para los voluntarios, 1.106.185,88 para labores de apoyo informático y 307.962,71 para envío de información.
OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR
A pesar de que el TSJC, en el caso de Mas, Ortega y Rigau, y el Supremo, en el de Homs, no les juzgó por malversación (ni la fiscalía lo solicitó, únicamente lo pidió la acusación popular), ahora el ministerio público considera que en el marco de la jurisdicción contable sí que pueden ser investigados por malversación, pues en este ámbito tiene una consideración diferente al delito penal que lleva el mismo nombre. Según la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la malversación contable se da cuando los cargos públicos sustraen o hacen un mal uso del dinero público.
Según la ley de este tribunal, aquel que por acción u omisión contraria a la ley origine "el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados". Además, la fiscalía recuerda que, igualmente, la ley de finanzas públicas de Catalunya decreta que los que cometan malversación "afectando el haber de la Generalitat" tendrán la "obligación de indemnizar" a la institución. Es decir, que si el Tribunal de Cuentas dicta una sentencia en contra de Mas, Ortega, Rigau y Homs, estos deberían de devolver íntegramente a las arcas públicas el dinero supuestamente malversado: los 5.129.834 euros.
