El Gobierno atribuye a una guerra interna el 'caso Moix'

El Gobierno considera que la delicada situación del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, del que se ha sabido que tiene una cuarta parte de una sociedad offshore en Panamá, se debe a la guerra interna en el ministerio público. Pese a que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, había intentando este miércoles por la mañana marcar distancias con el escándalo y señalar que el Ejecutivo "respeta la autonomía" de la fiscalía, por la tarde el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado que esa información "no es casual" y se debe a que Moix "está poniendo orden" en el ministerio fiscal. 

En una conversación informal con los periodistas, Catalá ha comentado que el martes telefoneó al fiscal general, José Manuel Maza, para pedirle explicaciones sobre la información aparecida en el diario digital Infolibre.com, que revelaba la vinculación de Moix con Panamá a través de la sociedad Duchesse Financial Overseas, propietaria de un chalé en Collado Villalba (Madrid), valorado en unos 550.000 euros. Según su versión, Maza quitó importancia al asunto y aseguró que "no era nada, una propiedad familiar". El ministro de Justicia ha comentado que no hay que dar por hecho la dimisión del fiscal anticorrupción porque no es un hombre que "se venga abajo" fácilmente. 

El Congreso reprueba al ministro Catalá y exige los ceses de los fiscales Maza y Moix

Horas antes, en cambio, Santamaría evitó dar su apoyo a Moix y se limitó a señalar que es la fiscalía la que debe decidir sobre su continuidad.

ACOSO DE LA OPOSICIÓN

La oposición pide a Moix que dimita como fiscal jefe Anticorrupción y ha iniciado una ofensiva parlamentaria para que el Ejecutivo y el ministerio público rindan cuentas. Tanto el PSOE como Podemos han pedido la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado y los socialistas también han solicitado la rendición de cuentas del ministro de Justicia.

La Mesa de la Cámara baja será la encargada de calificar estas iniciativas, que en principio saldrán adelante al contar con un respaldo mayoritario de los grupos. Catalá y Maza se verían entonces obligados a comparecer en la próxima reunión Comisión de Justicia, cuya convocatoria no se ha producido, para explicar la situación de Moix.

No está claro si las iniciativas se mantendrían si Moix acaba dimitiendo, como cree el PSOE que hará. El fiscal jefe Anticorrupción ha pasado de señalar que no piensa abandonar su puesto a explicar, este miércoles, que carece de “apego” al cargo y tiene pendiente una conversación con Maza sobre este nuevo escándalo. El Gobierno, mientras tanto, se ha puesto de perfil.

EJEMPLARIDAD, NO LEGALIDAD

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido la dimisión de Moix, pero ha advertido que la situación no se soluciona con su marcha. "Lo que hay que conseguir es que el PP salga de las instituciones, porque no las usa para gobernar, sino para resistir y tratar de proteger a los corruptos", ha reivindicado desde los pasillos del Congreso.

“Es un sinsentido que Moix siga en el cargo. Es muy difícil que inspire confianza quien dice que lucha contra la corrupción y utiliza las mismas herramientas que los corruptos. No es un problema de legalidad sino de ejemplaridad”, ha dicho el portavoz de los socialistas, José Luis Ábalos.

Tanto Catalá como Maza y Moix ya han recibido la censura del Congreso. El pasado 16 de mayo, el pleno reprobó al ministro de Justicia y pidió el cese del fiscal general y el fiscal jefe Anticorrupción por sus lazos y actuaciones en escándalos que afectan al PP, como ‘Lezo’ y la investigación al expresidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.