La Fiscalía General descarta abrir un expediente a Moix

El jefe de Anticorrupción dará sus explicaciones a Maza en una próxima reunión

El ministerio público, en shock, al no existir precedentes de fiscales con empresas off-shore

El Gobierno ya no apoya a Moix / JUANJO MARTÍN-EFE / ATLAS VÍDEO

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ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no cree que sea necesario abrir un expediente, ni siquiera preliminar, al fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, que no solo ha tenido el triste honor de haber puesto patas arriba la fiscalía especial en apenas tres meses de mandato, sino que se ha convertido en el primer fiscal que se ha descubierto que es propietario de la cuarta parte de una empresa off-shore, informaron a este diario fuentes fiscales.

Ante la ausencia de precedentes en la carrera fiscal, no existe una pauta previa de actuación a la que aferrarse. Pero la Inspección Fiscal es la encargada de determinar si un fiscal ha cometido alguna infracción disciplinaria. De ahí que varios fiscales consultados apuntaran a la posibilidad de que este órgano pudiera abrir a Moix un expediente preliminar para comprobar si efectivamente los detalles de esa titularidad son tal y como los relata el fiscal jefe o no. Así se descartaría cualquier duda sobre una actuación que, aunque no sea delictiva ni constitutiva de sanción disciplinaria, no contribuye en nada a la buena imagen de la fiscalía.

La apertura de este expediente preliminar depende directamente del fiscal general del Estado, que hasta este episodio ha defendido a capa y espada la actuación de Moix al frente de Anticorrupción. Esta diligencia sólo puede ser ordenada por Maza y si fuera propuesta de oficio por el fiscal jefe de Inspección también tendría que contar con su autorización. Y al menos de momento, el fiscal general no considera necesario hacerlo, ya que, según las fuentes consultadas, en Fiscalía ni siquiera se ve materia disciplinaria en el hecho de que Moix sea socio de una empresa off-shore. Este tipo de empresas ocultan la titularidad de su verdadero propietario, a través de testaferros, por lo que son frecuentamente utilizadas en casos de corrupción, al menos para evitar pagar lo que corresponde a Hacienda, práctica que sería constitutiva de un delito fiscal.

Moix, que ha anunciado en Onda Cero que hablará con Maza "esta noche o mañana" y que no tiene "ningún apego" por el cargo que ocupa, asegura que declaró a Hacienda que tiene el 25% de la sociedad Duchesse Financial Overseas, constituida por su padre en 1988 en Panamá, a través de la que él y sus tres hermanos son propietarios de un chalé en Collado Villalba (Madrid), que pusieron a la venta sin éxito. En el encuentro entre ambos, que no se ha podido producir antes porque el martes el fiscal general estaba en Ceuta y este miércoles el que está fuera de Madrid es el propio Moix, lo que se espera es que este le ofrezca todas las explicaciones relativas a la cuenta a su superior jerárquico para cerrar este episodio.

VETADA LA ADMINISTRACIÓN

El regimen de incompatibilidades del Estatuto de la Carrera Fiscal, que se complementa con lo previsto para los jueces en la Ley Orgánica del Poder Judicial, solo prohíbe a los fiscales la realización de labores de administración de empresas, por lo que en principio la que se ha conocido que tiene Moix no sería constitutiva de delito, ni de responsabilidad disciplinaria, siempre que sea cierto que la declaró a Hacienda desde que la heredó de su padre.

Pero que el fiscal jefe Anticorrupción sea titular de una cuarta parte de una sociedad off-shore ha dejado en shock a la Fiscalía, cuya imagen se ha visto muy deteriorada desde el relevo de Consuelo Madrigal al frente de la Fiscalía General, no por oponerse al nombramiento de Moix, pese a que ella prefería al otro candidato, Alejandro Luzón, sino por negarse a sustituir a Javier Zaragoza al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

DE LEZO AL 3%

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La aparición de la cuenta se suma a las polémicas vividas en Anticorrupción desde que a principios de marzo Moix accedió a la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, donde hasta tuvo que convocar a la Junta de Fiscales de Anticorrupción, porque los fiscales del 'caso Lezo' apelaron al artículo 27 del Estatuto para mantener su criterio frente al de su superior, que se oponía a realizar un registro, a mantener 'pinchados' a los investigados y a imputar por organización criminal. Ello se sumó a que el principal imputado, el expresidente madrileño Ignacio González, se felicitó en una de las conversaciones intervenidas por su futuro nombramiento.

También relevó a los fiscales del 3%, decisión que se encuentra paralizada por el fiscal general, y tramitó una denuncia contra tres fiscales de la casa sin escucharles que había presentado un imputado en varios procedimientos. Las noticias relativas a que quería sustituir a los fiscales encargados de investigar a Ignacio González o fueran ellos los que renunciaban no contribuyó en nada a mejorar la imagen de la fiscalía destinada a luchar contra la corrupción.