Puigdemont afea al fiscal general del Estado la judicialización del 'procés'

El 'president' Carles Puigdemont, y el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, se ha reunido este miércoles en el Palau de la Generalitat con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en un momento de máxima tensión entre el Govern y el Estado a cuenta del proceso soberanista. La reunión ha servido para que, según fuentes de presidencia, Puigdemont recriminara a Maza la judicialización del proceso independentista catalán. Por su parte, el fiscal ha recordado al 'president' que la obligación de la Fiscalía es perseguir delitos.

Según la versión del Govern, el 'president' ha calificado de error enviar a los juzgados asuntso que se deberían abordar desde la política. Y también ha abordado con Maza la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre la justicia y la fiscalía.

LA VERSIÓN DE LA FISCALÍA

Por su parte, el fiscal general ha calificado la reunión de "institucional" y ha advertido -en una nota posterior al encuentor- que no consideraba oportuno "tratar aquellos temas que se encuentran judicializados". Además ha recordado al 'president' "la obligación que incumbe a la fiscalía de cumplir las funciones que la ley les encomienda", es decir, la obligación de perseguir delitos.

"En la reunión se ha hecho un somero recuento de las cuestiones que fueron tratadas" en una comisión mixta precedente, según un comunicado de la fiscalía y no se han abordado los temas que están judicializados.

La visita de Maza a Puigdemont antecede al encuentro de este jueves de la junta de fiscales superiores de las comunidades autónomas, que tendrá lugar por primera vez en Barcelona. "Se enmarca dentro de la cortesía institucional", ha informado el ministerio público en una nota.

LAS QUERELLAS EN MARCHA

La reunión se produce con varias querellas en marcha que la fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), por orden de la Fiscalía General, ha presentado contra varios cargos electos soberanistas.

El último caso se produjo el 16 de mayo, cuando Maza ordenó al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, querellarse contra la 'consellera' de Gobernación, Meritxell Borràs, por el anuncio de comprar 8.000 urnas.

Esta querella alega delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos y fue criticada por Puigdemont, que defendió que la licitación era "impecable" y recordó que la comunidad andaluza también compró urnas en su día y no pasó nada.

"JUDICIALIZACIÓN" DEL 'PROCÉS'

Otros procesos judiciales en marcha son los que afectan a cinco miembros de la Mesa del Parlament, investigados por permitir que la Cámara catalana debatiera iniciativas vinculadas con el referéndum y el proceso soberanista.

El Govern considera estos procesos una "judicialización" del proceso soberanista, y reclama que este proyecto político se aborde desde el diálogo y la negociación con el Estado, no a través de los tribunales.