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El juez Velasco descarta imputar a Cristina Cifuentes por la financiación irregular del PP

El magistrado del 'caso Púnica' no ve pruebas pese al informe de la UCO

La Guardia Civil señalaba los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El juez del 'caso Púnica', Eloy Velasco, ha descartado este martes solicitar la imputación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por no encontrar pruebas de su participación en la financiación ilegal del PP de Madrid. Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción desatienden así la petición de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reclamaba que se le investigara al ver indicios de cohecho y prevaricación en su papel a la hora de asignar los contratos de la cafetería de la Asamblea madrileña de 2009 y 2011, años en los que la actual presidenta de la Comunidad estaba al frente de la mesa de contratación de esta cámara regional.

El informe de la Benemérita, datado el pasado 1 de marzo, señala a Cifuentes como "partícipe y conocedora" del supuesto amaño, que también afectaría a los contratos suscritos para cocinas y comedores, todos ellos con el Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández. Los tratos "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones", denuncia la UCO. Sin embargo, se menciona a Cifuentes al igual que a otras tantas personas, por lo que no se puede determinar si la política está involucrada de forma efectiva.

Tras acceder a estas adjudicaciones, Fernández habría entregado dinero a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), que a su vez fue utilizado para financiar campañas electorales del PP. Justo en esa época, Cifuentes tenía responsabilidades en el PP-M y trabajaba como vocal en su comité de campaña, y también tenía un puesto de patrono en la fundación, lo que habría levantado las sospechas de los agentes del orden, aunque al final no han sido lo suficientemente motivadas como para que Velasco cite a Cifuentes como investigada.

EL NEXO CANTOBLANCO-FUNDESCAM

Fernández es un viejo conocido de esta trama. El empresario está acusado de financiar de forma irregular el PP mediante donativos a Fundescam. Sus aportaciones tuvieron lugar poco antes de la campaña para los comicios de 2007 y oscilarían entre los 160.000 euros que asegura la UCO y los 60.000 que admitió ante el juez el propio acusado.

Según el instituto armado, hay indicios de que después se favoreció al Grupo Cantoblanco para que se alzase con la adjudicación de los contratos, en vista de esos "importantes" donativos que hizo el empresario a Fundescam, una fundación "directamente vinculada con el PP-M" que sirvió para" financiar de manera encubierta" al mismo "para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización".

APOYADA POR CIUDADANOS

Cifuentes, que ahora es aforada y se ha autoerigido en paladín de la regeneración, se ha mostrado siempre muy beligerante en la lucha contra la corrupción que ha asolado tanto España como su partido. A principios de noviembre, la política no dudaba en expresarse con claridad en Twitter pidiendo que los altos cargos dimitan "si son investigados por corrupción" y en la última festividad de su atonomía, el pasado Dos de Mayo, marcó una línea roja en el suelo y proclamó el fin de la corrupción en Madrid. 

Así pues, por ahora se libra de las pesquisas de Velasco, y tampoco tendrá problemas con sus socios de gobierno en la Comunidad. Desde Ciudadanos, su portavoz en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha confirmado que aguantará el acuerdo y ha llamado a la "prudencia", para luego subrayar que a su partido "no le temblará el pulso" si tiene que pedir la cabeza de una Cifuentes imputada, como ya sucedió en Murcia con el expresidente Pedro Antonio Sánchez. 

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