LA LACRA DE LA CORRUPCIÓN

El juez imputa a la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, por delito societario

Será investigada, junto al hermano de Ignacio González, por el 'caso Mercamadrid'

La dirigente popular asegura que la denuncia es infundada y cuestiona la investigación

La delegada del Gobierno central en Madrid, Concepción Dancausa.

La delegada del Gobierno central en Madrid, Concepción Dancausa. / EFE / JUAN M ESPINOSA

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ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha abierto este miércoles diligencias previas por delito societario contra la actual delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y los otros 15 integrantes del consejo de administración de Mercamadrid en el año 2013, al admitir a trámite la denuncia de la fiscalía presentada el pasado 25 de abril por el 'caso Mercamadrid'.

Además de Dancausa, el juez ha imputado al hermano del expresidente madrileño Ignacio González, Pablo González, en prisión por el 'caso Lezo', así como a José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo J. M. del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losada.

Los hechos investigados se remontan a cuando Dancausa era concejala de Madrid y presidía Mercamadrid, sociedad mixta participada en un 51% por el consistorio madrileño. Para la fiscalía, los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Mercaocio 22, han supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio". 

En su denuncia la Fiscalía explica que en 2001 el mercado mayorista madrileño convocó un concurso para la adjudicación de una superficie de 14.100 metros cuadrados para la construcción de un hotel y servicios de restauración. La adjudicataria fue Konin 22, que debía abonar a Mercamadrid por el hotel 97.604 euros anuales y por los restaurantes, 41.830. En 2003 Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a Mercaocio Hoteles 22.

Esta empresa dejó de abonar el canon en marzo de 2010, lo que llegó a Mercamadrid a emprender acciones legales. Mercaocio Hoteles 22, S.L., por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de 8.004.535 euros al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

ACUERDO BAJO SOSPECHA

Mercamadrid se opuso a la reclamación hasta el 16 de octubre de 2013, cuando se reunió el consejo de administración de Mercamadrid que, por 18 votos a favor y ninguno en contra, acordó poner fin de forma extrajudicial al litigio. El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Mecaocio 22 S.L. y preveía, además, facultar al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla Jiménez, “incluyendo expresamente facultades para transigir y renunciar a derechos con tal alcance, para que en nombre y representación de la empresa mixta pueda negociar el texto y proceder a su tenor a la suscripción del acuerdo transaccional”.

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El 31 de octubre de 2013 Torrecilla dimitió de su cargo  y los poderes que se le habían otorgado pasaron a mano de la vicepresidenta segunda de Mercamadrid, María Dolores Flores Cerdán, quien acabó firmando los acuerdos con Mercaocio, que llevaron a la empresa pública a perder 698.397 euros por los cánones superficiales impagados y a asumir la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013. Ello supusieron 623.377 euros más a pagar hasta 2032. En total, hasta octubre de 2016 Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas –de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

La Fiscalía sostiene, además, que un informe técnico consideraba no "viable" la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Un informe del Ayuntamiento de Madrid destaca que el precio del arrendamiento era un un 81 % superior al de mercado y señala que “momento actual” no consta “si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Mercaocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos”.