La Fiscalía prepara una querella por la licitación de urnas por la Generalitat

La Fiscalía no se ha hecho esperar. Nada más publicarse este martes en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el acuerdo marco para homologar empresas que opten a fabricar 8.000 urnas para la celebración del referéndum independentista, el ministerio público ha anunciado que prepara una querella para actuar contra los responsables por los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos, informaron fuentes fiscales. Nada más conocerse estas intenciones, la portavoz del Govern Neus Munté ha proclamado que el Govern no tolerará "amenazas e intimidaciones" y ha defendido la legalidad de la medida y confiado en que las empresas no se echarán atrás.

La publicación del DOGC incluye el anuncio de licitación para la adquisición de la urnas necesarias para la celebración del referéndum, vetado por el Tribunal Constitucional, aunque no lo menciona expresamente y se limita a aludir a la ley orgánica del régimen electoral general de 1985, la disposición transitoria segunda del Estatut y a la ley orgánica de 1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum. También a las leyes catalanas de consultas populares por vía de referéndum (2010) y de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (2014).

La querella será interpuesta por la Fiscalía del TSJC, ya que cualquier actuación encaminada a hacer posible la celebración del referéndum que ha sido vetado por el Tribunal Constitucional constituye una desobediencia a sus resoluciones. Lo que de momento no ha trascendido es contra quién se dirige -requisito imprescindible en querellas-.

EL GOVERN NO VE ILEGALIDAD Y DEFIENDE EL REFERÉNDUM

Neus Munté ha defendido en rueda de prensa la legalidad del encargo y ha añadido que el Govern garantizará la "libertad" de las empresas para optar a esta combra."Ninguna normativa prohibe la compra de urnas, quien deberá justificar esta decisión si se va a investigar será la propia fiscalía", ha afirmado en un tono de desafío en el que ha reconocido indirectamente que el encargo tiene que ver con el referéndum: "Para hacer un referéndum se necesitan urnas, y las urnas estarán, no me gusta hablar de planes B", ha subrayado.

Munté no ha concretado si el encargo definitivo lo firmará el Govern en pleno, o qué medidas desplegará la Generalitat si la fiscalía impide la compra. "Las siguientes decisiones que se tomen las iremos comunicando", se ha limitado a apuntar, más allá de destacar en varias ocasiones.

El anuncio de la Conselleria de Governació, de tres páginas, detalla que se trata de dos lotes en los que invertirá un presupuesto "meramente orientativo" de 200.000 euros: 184.000 euros para "urnas electorales transparentes" y 16.000 para "urnas de cartón". 

Las empresas que quieran optar al concurso tienen 15 días para presentarse, y el anuncio está firmado por el secretario general de la Conselleria, Francesc Esteve Balagué. Será la primera vez que la Generalitat dispone de urnas propias y la licitación se presenta según el acuerdo marco alcanzado para suministrar "urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", según el documento.

Quien sí lo tiene meridianamente claro es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. En los pasillos del Senado, tras la sesión de control en la que ha cruzado florete con Josep Lluís Cleries, Sáenz de Santamaría ha afirmado que el anuncio, el pasado viernes, de la compra "de urnas para el referéndum encaja con el dicho jurídico 'a confesión de parte, relevo de prueba'. Es decir, que muy poco cabe añadir tras el reconocimiento de los hechos.