Moix cree que pedir amparo "no es solución" para los fiscales denunciados, porque puede "mediatizar" el proceso
El fiscal jefe Anticorrupción plantea sancionar a los medios que publiquen conversaciones que están bajo secreto de sumario

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, durante la entrevista en Onda Cero. / periodico
El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha asegurado este jueves que pedir amparo al Consejo Fiscal "no es la solución" para los fiscales que han recibido denuncias por su actuación "porque pueden predeterminar al señor que tiene que decidir sobre esa denuncia".
Además, ha asegurado que él, hasta ahora, "jamás" ha visto a ningún juez o fiscal pedir amparo por haber sido denunciado, y eso que cuando él fue fiscal superior de Madrid recibían unas 50 denuncias o querellas al año contra jueces y fiscales. "A mí me han presentado denuncias y querellas al Tribunal Supremo y jamás he pedido amparo, primero porque estaba convencido de que había actuado correctamente y porque no me parece que pedir amparo pueda ser la solución básica".
De esta forma se ha pronunciado en una entrevista en Onda Cero, poco antes de acudir a la reunión del Consejo Fiscal en la que se debe decidir sobre las peticiones de amparo presentadas por los fiscales José Grinda, Fernando Bermejo y Juan José Rosa. Moix tramitó una queja presentada contra ellos en la que les acusa de coacciones y amenazas por uno de los investigados por el caso 'Emperador'.
PLANTEA SANCIONES A LOS MEDIOS
El fiscal jefe Anticorrupción también ha puesto sobre la mesa la necesidad de establecer medidas eficaces para actuar contra los medios de comunicación que publiquen conversaciones que están bajo secreto de sumario. Una de estas medidas podrían ser las sanciones, como sucede en Alemania. "Que se filtren conversaciones que están bajo secreto sumarial socava el Estado de derecho, porque hay conversaciones grabadas que no afectan al caso", ha manifestado Moix.
Por otra parte, ha rechazado afinidad con ningún partido y ha subrayado que "nunca" ha impedido "que se investigue a ningún cargo público salvo que hubiera indicios de delito". Asimismo, ha remarcado que "ningún Gobierno puede dar órdenes al fiscal general del Estado".
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