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JUICIO EN LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Los primeros acusados por el 3% reconocerán las comisiones ilegales

Seis de los siete implicados en el 'caso Adigsa' pactan con el fiscal a cambio de eludir la cárcel

Un error judicial obliga a aplazar el comienzo del juicio hasta el 16 de mayo

J. G. Albalat

Los primeros acusados por el 3% ultiman un pacto para evitar la cárcel. / JULIO CARBÓ Pool ACN / TV3

12 años. En febrero del 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, le espetó en el Parlament al que era líder de la oposición, Artur Mas“Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%”. Fue un punto de inflexión y a partir de ese día se intensificó la lucha contra la corrupción. El fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, recogió el testigo e inició unas pesquisas que han llegado a que este martes se sentaran en el banquillo de los acusados los miembros de una presunta trama de comisiones en la empresa de vivienda pública Adigsa. Pero el juicio no se ha podido celebrar por un error judicial.

Un responsable civil no se ha presentado y otro no ha sido citado en forma adecuada. La vista se ha aplazado hasta el 16 de mayo, pero podría terminar ese mismo día porque la fiscalía y la mayoría de las defensas han cerrado ya un acuerdo por el que seis de los siete acusados reconocerán haber consentido, pagado o cobrado comisiones ilegales. Falta solo que ratifiquen su confesión ante el tribunal.

El pacto también pasa por el compromiso de desembolsar toda la indemnización a Adigsa. A cambio, lograrán una rebaja sustancial de la pena que evitaría su ingreso en la cárcel. La condena será inferior a los dos años de cárcel por el delito de malversación y lo mismo por el de falsedad. En algunos casos, será de un año y nueve meses por cada delito. Aunque las dos penas sumaan cerca de cuatro años, la propuesta pasa por aplicar la última reforma del Código Penal que permite individualizar la condena por cada delitos a la hora de suspender su ejecución. Por lo tanto, ninguna de las penas por separado superarían los dos años de cárcel, el límite que habitualmente se considera para no entrar en la cárcel.

Sin embargo, existe un escollo para una conformidad de todos los investigados. Y es que el empresario José Antonio Salguero, para quien se reclama 18 meses de cárcel y que fue quien denunció el pago de comisiones, no quiere pactar, a pesar de que la fiscalía le ha ofrecido rebajar su condena a tres meses. Los motivos: quiere que se retire la acusación contra él o conseguir una absolución. El dilema con el que se enfrenta el tribunal es si el día 16 de mayo el empresario disidente presiste con su actitud debe celebrarse el juicio sólo contra él o todos deben sentarse en el banquillo a pesar de haber reconocido las imputaciones y la pena. Salguero ha declarado, por otra parte, en la investigación que se sigue en El Vendrell por el supuesto pago de comisiones a CDC. 

LA ACUSACIÓN

La fiscalía reclama de forma provisional 10 años de prisión e inhabilitación para el exconsejero delegado de esta compañía, José Antonio Fondevila, y 9 años y seis meses de cárcel para otros dos exaltos cargos de la empresa pública, Jordi Huguet y Xavier Sala, por la presunta malversación de fondos en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. Se les atribuye desde el pago a un intermediario militante de CDC por labores inexistentes hasta la adjudicación irregular de obras de rehabilitación. A otros imputados se les pide penas de prisión menores.

El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Fontdevila "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José María Penín, al cual presentó como un supuesto técnico externo, y lo insertó "arbitrariamente" en el proceso de tasación, decisión y adjudicación a empresas particulares de obras de rehabilitación de pisos de segunda mano. Acerca de ese fichaje, apunta, ni constaba "el motivo" ni existía "justificación para ello". Se construyeron, asegura, expedientes de adjudicación "a medida y lapidando fondos públicos".

Para Penín, el fiscal pide 5 años de cárcel, la misma pena que reclama para dos constructores. Para un tercer empresario, José Antonio Salguero, pide 18 meses de prisión. El fiscal detalla que Fontdevila y el intermediario "compartían militancia y actividad política en CDC, amén de haber coincidido laboralmente" en el partido y en una 'conselleria'.

La acusación sostiene que el exconsejero delegado de Adigsa "ordenó caprichosa e injustificadamente" el pago a Penín en el 2003 de una suma que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros mensuales "para labores de tasación que nunca existieron". En total, calcula que se desviaron 28.895 euros de fondos para pagar al intermediario.

El fiscal también atribuye a los exresponsables de Adigsa haber participado en el presunto amaño en la adjudicación de obras de rehabilitación en viviendas, a través de un "sistema de contratación paralelo" articulado en torno a Penín. Las facturas contemplaban un sobreprecio "con el que el adjudicatario se enriquecía en favor del erario".

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