Ortega y Rigau recurren la sentencia del 9-N ante el Tribunal Supremo

Las defensas de la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y de la 'exconsellera' de Ensenyament y diputada de Junts pel Sí Irene Rigau han presentado ya sus recursos ante el Tribunal Supremo por la sentencia del 9-N que les condena a penas de inhabilitación de un año y medio. Tanto el abogado de Ortega, Rafael Entrena, como el de Rigau, Jordi Pina, han basado sus escritos en la consideración de que el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya vulneró hasta cinco preceptos de la Constitución, así como disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos. La defensa de Artur Mas presentará la semana que viene su recurso, según ha podido saber este diario.

En sus escritos, tanto los letrados de Ortega como de Rigau observan en la sentencia una "vulneración del principio de igualdad por trato discriminatorio" respecto de otras situaciones en las que el Gobierno central ha desobedecido sentencias del TC. Pina añade un condicionamiento político en este punto y considera que la ideología motivó el procedimiento contra Mas, Ortega y Rigau. Y recuerda la comisión de investigación en curso en el Congreso contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que dijo "esto la fiscalía de lo afina" durante una conversación con el exdirector de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso. 

También observan vulneración del principio de legalidad por no tener en cuenta la reforma que destipificó el delito de referéndums ilegales y por aplicar retroactivamente la reforma de la ley orgánica del TC, en relación con la ejecución de sus sentencias.

ELECCIONES MUNICIPALES

Por otra parte, Ortega ha solicitado que se disminuya el plazo de condena de la inhabilitación y que se limite a cargos electos y de gobierno autonómicos, por lo que la condena no afectaría a la posibilidad de participar en elecciones municipales. Su nombre, cabe recordar, ha sonado para encabezar las listas del PDCat en Barcelona.

Asimismo, ambas defensas reclaman que se reduzca el importe de las multas impuestas por el TSJC, de 100 euros diarios para cada una, al advertir de que en ningún momento se ha practicado una prueba sobre su "capacidad económica". Y el abogado de Rigau apunta que en recientes sentencias contra banqueros como Miguel Blesa y Rodrigo Rato la cuota diaria fue de tan solo 20 euros, y en el caso de Iñaki Urdangarin, de 10 euros.