Catalá, un tecnócrata acorralado

Rafael Catalá (Madrid, 1961) llegó a Justicia como el pacificador, con una imagen muy diferente a la de estos días en los que su nombre aparece en conversaciones grabadas a los implicados en el 'caso Lezo'. Tras la dimisión de Alberto Ruiz-Gallardón, Mariano Rajoy aupó a Catalá hasta el principal sillón de un ministerio en el que ya había trabajado como secretario de Estado entre 2002 y 2004. Ruiz-Gallardón había abierto numerosos frentes y tanto Rajoy como su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, consideraron que tenía un perfil de tecnócrata muy oportuno para intentar cerrar heridas. Ambos le conocían bien. El presidente del Gobierno lo tuvo de director general en el Ministerio de Administraciones Públicas (1996-1999) y trabajó también en Educación (1999-2000). Y a Sáenz de Santamaría empezó a tratarla cuando la actual número dos del Ejecutivo acababa de llegar de Valladolid, en el 2000, y juntos elaboraron el programa electoral de justicia para las generales. Unas relaciones clave en estos días de turbulencias.

Rajoy, según reveló el propio Catalá, le telefoneó esta semana para darle "ánimo". Lo necesita. La oposición reclama su dimisión a la vista del contenido de las grabaciones del 'caso Lezo' sobre la trama de corrupción en el Canal de Isabel II que ponen de manifiesto una relación estrecha entre Ignacio González, encarcelado, y Enrique Cerezo, presidente del Atlético e imputado por el ático de Estepona del expresidente madrileño. Las filtraciones de un sumario bajo secreto, como insisten en lamentar el propio Catalá y otros ministros, y los distintos frentes que se le han abierto en la Fiscalía le están complicando su segundo mandato al frente de un ministerio en el que ya existe un precedente de dimisión por un caso de corrupción. El socialista Mariano Fernández Bermejo se vio obligado a hacerlo por asistir sin licencia a una cacería el fin de semana en el que se destapó el 'caso Gürtel' con el juez Baltasar Garzón.

Los problemas de Catalá surgieron el pasado febrero. Primero se supo que había asistido al cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública. Después fueron los surgidos con la Fiscalía. Y ahí son muchos y distintos, pero en todos ellos ronda la sospecha de injerencias del Gobierno en su labor, a través del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue nombrado sorpresivamente cuando todos, hasta la propia afectada, Consuelo Madrigal, contaba con su renovación. 

SOSPECHAS SOBRE EL MINISTRO

El que Catalá se viera con el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez en el congreso del PP que se celebró en Madrid en febrero y este supiera, antes que las fiscales del 'caso Púnica', que cuatro del Tribunal Supremo no apoyaban su imputación en la causa hizo que se sospechara de él, al menos, como filtrador. Que Maza renovara la cúpula fiscal y cambiara al jefe de Murcia y nombrara a Manuel Moix al frente de Anticorrupción no contribuyó a calmar los ánimos. Moix también aparece en Lezo. En las escuchas se oye a González felicitarse por su próximo nombramiento en la fiscalía especial por ser "próximo al PP". La primera operación importante a la que se ha enfrentado como jefe no ha disipado las dudas. Hasta ha habido una junta de fiscales que le enmendó la plana, al mostrarse a favor de un registro propuesto por los fiscales del caso que él rechazaba.

La comparecencia de Catalá, que llama "antisistema" a quienes se cuestionan la autonomía fiscal, se espera para el 10 de mayo, una eternidad a la vista del ritmo y el contenido de las conversaciones del 'caso Lezo'.