Catalá quiere acabar con las órdenes verbales en la fiscalía

Si el Gobierno tiene intención de seguir adelante algún día con su proyecto de entregar la instrucción a los fiscales, será imprescindible abordar una reforma del Estatuto fiscal que despeje toda duda sobre la posibilidad de que el Ejecutivo interfiera en la actuación del ministerio público. Por eso, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció este jueves en la comisión de Justicia del Congreso que en la modificación se incluirá la prohibición de que los fiscales puedan recibir instrucciones verbales de sus superiores.

Según el ministro, en la reforma procesal en la que trabaja su departamento se incluirá también la correspondiente del Estatuto fiscal para que las órdenes en la Fiscalía sean por escrito y las de carácter general sean publicadas. Se da la circunstancia de que en el 'caso Púnica', en el que se ha puesto en duda la independencia fiscal respecto del Ejecutivo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, firmó un decreto en el que ordenó a las fiscales no apoyar la acusación que el juez Eloy Velasco preparaba contra el entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

"Tenemos una Fiscalía cien por cien autónoma y libre", insistió el ministro, que negó que el Gobierno hubiera dado alguna instrucción a los representantes del ministerio público en el 'caso Púnica' o en cualquier otro. Sostuvo que así lo habían manifestado tanto Maza como los fiscales jefe de La Rioja y de Murcia, "tanto el saliente como el entrante".

Además del cambio del fiscal jefe de Murcia, a la orden de Maza a las fiscales del caso Púnica de no actuar contra Sánchez se sumó que el entonces presidente de la región supo, antes de que se hiciera público, que fiscales del Tribunal Supremo no entendían conveniente actuar contra él. Sánchez había coincidido con Catalá en el congreso del PP celebrado ese fin de semana. Durante la comparecencia, el ministro negó habe cometido cualquier inrregularidad.

NO SE CONDENA EL HUMOR

Aclarado el asunto de los fiscales, el ministro sostuvo que no le parece adecuado mandar el mensaje de que "se penaliza el humor", porque las condenas se deben a que los tribunales han entendido que el comentario fue constitutivo del delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas, porque nuestra "democracia no es low cost", como le había reprochado algún portavoz parlamentario. 

También negó que haya algún sindicalista condenado por ejercer el derecho de huelga y alegó que su sentencia responderá a las lesiones o cualquier otro delito que haya podido cometer, pero no por ejercer su derecho.