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La Audiencia de Navarra no ve terrorismo en la agresión de Alsasua

Ordena a la juez de Pamplona que reclame el caso a la Audiencia Nacional

Los conflictos entre juzgados son resueltos por el Tribunal Supremo

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

La manifestación de Alsasua contra la mala imagen que se proyecta de la población tras unos enfrentamientos con la Guardia Civil.

La manifestación de Alsasua contra la mala imagen que se proyecta de la población tras unos enfrentamientos con la Guardia Civil. / EFE / JESUS DIGES

Será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre si la agresiónn sufrida por dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua fue terrorismo o no. La Audiencia Provincial de Navarra ha hecho público este viernes un auto en el que ordena al juzgado de Pamplona que llevó en un primer momento el caso que se lo reclame a la Audiencia Nacional y plantee una cuestion de competencia ante el alto tribunal.

La Audiencia de Navarra sostiene que la agresión debe ser juzgada en Pamplona, porque no aprecia que exista el delito de terrorismo que determinó la competencia de la Audiencia Nacional. La alternativa sería entender los hechos como un delito de odio previsto en el artículo 510 del Código Penal y otro de lesiones.

El problema es que su resolución se ha producido cuatro meses después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela procesara a nueve de los participantes en la agresión, aunque luego el procesamiento de uno de ellos fue revocada por la Sala de lo Penal. El procedimiento ya se encuentra en la Sala a la espera de que el fiscal presente su escrito de acusación y se celebre el juicio.

La Audiencia navarra ha dado la razón a los jóvenes acusados de participar en la agresión cometida el 15 de octubre del año pasado en el bar Koxka y entiende que no se dan los requisitos para que exista un delito de terrorismo, ya que no se está "en presencia de un delito grave", puesto que "el resultado lesivo se integraría en el delito de lesiones".

Para esa Audiencia ni del atestado de la Policía Foral, ni del ampliatorio de la Guardia Civil, ni de las declaraciones de los agredidos y sus parejas se puede deducir que con la agresión se subvertiera el orden constitucional o se pudiera enmarcar en el movimiento Ospa, "en el que se integran algunos de los acusados", con el que se pretende expulsar a la Benemérita del País Vasco y Navarra.