EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA
Mas, Ortega y Rigau apelan a la Constitución para recurrir su condena por el 9-N
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha basado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra su inhabilitación por el 9-N en la norma fundamental de la legalidad española, la Constitución. Sostiene el presidente del PDECat que el fallo del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que le condenó a dos años de inhabilitación vulneró hasta cinco preceptos de la Carta Magna, entre ellos varios derechos fundamentales, y también algunas disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos. La exvicepresidenta Joana Ortega y la 'exconsellera' d’Ensenyament Irene Rigau también han recurrido sus condenas.
El abogado de Mas, Javier Melero, defiende que la sentencia infringe varios artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, entre ellos la aplicación indebida del delito de desobediencia por el que fue condenado y un “error” en la apreciación de la prueba. El letrado también invoca la vulneración de varios artículos de la Constitución: el artículo 24, que reconce el derecho a la presunción de inocencia, a un proceso público con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva; el 14, que fija que todos los españoles son iguales ante la ley "sin que pueda prevalecer discriminación"; el 16, sobre libertad ideológica; el 25, que establece que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito; y los artículos que garantizan la libertad ideológica, de expresión y el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos.
POCA CLARIDAD DEL FALLO
Por su parte, el abogado de Ortega, Rafael Entrena, detalla en su recurso que se han vulnerado artículos del Código Penal, de la ley de enjuiciamiento criminal --como un “error grave” en la apreciación de la prueba y denegación de diligencias--, de la Constitución y de la Convención Europea de Derechos Humanos. A su entender, se le han infringido los mismos derechos constitucionales que a Mas.
El letrado de la exvicepresidenta avanza además que si el Supremo confirma la sentencia, acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que el fallo "incurre en manifiestas contradicciones, omite cuestiones objeto de debate por la defensa, peca de escasa claridad en algunos aspectos esenciales" y utiliza "conceptos que, por su carácter jurídico, implican predeterminación del fallo".
JUSTICIA EUROPEA
El defensor de Irene Rigau, Jordi Pina, insiste en la infracción de preceptos constitucionales y la vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos. La mención a este último texto legal en los tres recursos es una prueba más de que, si agotan la vía judicial española sin que se les dé la razón, los tres condenados piensan acudir a la justicia europea. La fiscalía también ha anunciado la presentación de un recurso. La inhabilitación de Mas, Ortega y Rigau no es firme, pero no pueden presentarse a unas elecciones por mandato de la ley electoral.
En este contexto, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que presidió también el tribunal que juzgó a Mas, ha advertido de que "las instancias judiciales no resolverán algunas situaciones o conflictos", en clara alusión al 'procés'. Un aviso similar al que lanzó la semana pasada el presidente saliente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos.
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