25 oct 2020

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EL PULSO INDEPENDENTISTA

Bronca parlamentaria por la ponencia de la desconexión exprés

Toda la oposición se niega a participar y Ciutadans y PP llevarán el caso al Tribunal Constitucional

Junts pel Sí sugiere multar al resto de grupos por "dejadez de funciones" y la CUP se mantiene en la ponencia

FIDEL MASREAL / BARCELONA

Un momento de la reunión de la ponencia, este jueves en el Parlament.

Un momento de la reunión de la ponencia, este jueves en el Parlament. / JOAN CORTADELLAS

Choque frontal y división en el Parlament entre el soberanismo y la oposición. Ha sucedido a la hora de constituir la ponencia que reformará el reglamento con el objetivo indisimulado del independentismo de permitir una tramitación exprés de la llamada ley de transitoriedad hacia la soberanía. Todos los grupos de la oposición han acudido este jueves por primera y última vez a la comisión con un mensaje: sin ellos no puede haber ponencia conjunta porque solo tres integrantes -dos de Junts pel Sí y una de la CUP- formarán parte de la misma. Además, Ciutadans y el PP han confirmado que llevarán al Tribunal Constitucional (TC) el caso por una posible vulneración de derechos. En su réplica, el portavoz de JxSí, Jordi Turull, ha encendido todavía más el debate al sugerir que se multe a los grupos opositores por no acudir a la sesión. La CUP es el único grupo que ha apoyado la ponencia.

Así pues, un mecanismo previsto como es el de la reforma del reglamento por ponencia conjunta se ha convertido en una batalla abierta entre todos los grupos, hasta el punto de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha tomado la palabra para reivindicar que se está cumpliendo con las reglas del juego. "No permitiré que se ponga en cuestión a la Mesa del Parlament; estamos haciendo las cosas bien, la ponencia se está constituyendo con el reglamento, hay un informe de los servicios jurídicos", ha espetado.

LA OPOSICIÓN, EN BLOQUE

Tanto Ciutadans, como el PSCCatalunya Sí que es Pot y el PP han acusado a Junts pel Sí de no respetar el formato de ponencia conjunta. José María Espejo, de C's, ha afirmado que "existen resoluciones que establecen que las ponencias conjuntas han de ser efectivamente conjuntas, y que las decisiones contrarias han vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos", por lo cual su grupo, como el del PP, se plantea llevar el caso al TC. También Santi Rodríguez, del PP, ha denunciado que a su juicio es la tercera vez que se vulneran derechos de los diputados, por lo que también estudiarán acudir al Constitucional.

Por su parte, el diputado de Catalunya Sí que es Pot Joan Coscubiela ha pedido sin éxito a los soberanistas que reconsideren su posición y que permitan tramitar la reforma como proposición de ley, en cuyo caso su grupo sí participaría en los debates.

En su réplica, Turull ha defendido que se constituya la ponencia aunque solo sea con dos grupos. Es más, ha sugerido que se sancione a los diputados que no participen en las reuniones por "dejacion" de responsabilidades. Y ha respondido a las críticas de los grupos cargando contra el Estado: "Quien ha alterado las reglas del juego no es Junts pel Sí, es el Gobierno del Estado, el Constitucional y la Fiscalía; queremos ser consecuentes con nuestros compromisos con los ciudadanos".

"DA MIEDO"

La propuesta de sanciones que ha formulado Turull ha acalorado la breve sesión. David Peréz, del PSC, ha espetado: "Sinceramente no sé como calificarlo. No es ridículo, no es insensato, simplemente te da una idea de por dónde algunos quieren llevar a este país; y, señor Turull, da miedo".

Por su parte la diputada de la CUP Mireia Boya ha apoyado la creación de la ponencia conjunta, que su grupo quiere aprovechar para introducir reivindicaciones sociales. Boya ha afeado a la oposición que se oponga a un mecanismo exprés de aprobación de normas (como la de transitoriedad jurídica). "Esta ponencia conjunta ya la hicieron para modificar la Constitución para rescatar a los bancos contra la voluntad de millones de personas", ha apuntado.

En el origen de la bronca está la pretensión evidente de JsSí de usar la reforma del reglamento para permitir que un grupo pueda aprobar de forma exprés una ley sin debate previo. Sería el caso de la ley de transitoriedad jurídica, que supondría la entrada en vigor de una legalidad catalana al margen de la española. Por ello, la oposición se ha desmarcado de la reforma del reglamento.