"El 3% del señor conseguidor"

La Guardia Civil sostiene en un informe incluido en las diligencias judiciales del ‘caso 3%’, sobre el presunto pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica, que la adjudicación por parte de de la Autoritat Portuària de Barcelona del dique Este del puerto se hizo de forma fraudulenta, mediante la "alteración” del concurso público y "en conexión con las comisiones ilegales cobradas antes y después de materializarse” la obra por parte de la formación nacionalista.

Los agentes que han investigado este caso concreto señalan que queda suficientemente "acreditada" la participación como “mediador” o “conseguidor” del actual diputado de Junts pel Sí y 'exconseller' de Justícia, Germà Gordó. Fuentes de su entorno han negado que el político haya cometido ilegalidades y argumentan que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rechazado por ahora investigarle.

En el registro realizado en julio del 2015 por la Guardia Civil en el despacho de Xavier Tauler, entonces directivo de Copisa, se intervino un documento interno de la empresa que refleja datos relativos a la licitación y posterior adjudicación por parte de la Autoritat Portuària de la obra para el refuerzo del talud del dique Este del puerto de Barcelona. El importe de la obra era de casi 40 millones de euros.

"G. GORDÓ"

Los agentes hallaron unas anotaciones que detallaban una reunión a celebrar el 14 de noviembre del 2011, en la que se iba a dirimir un tema relacionado con el puerto, haciendo referencia a “G. Gordó”. En la agenda electrónica del extesorero del CDC Andreu Viloca aparece para ese mismo día una reunión con el actual diputado. La Guardia Civil agrega a su informe un fragmento de un documento en el que se observa la reseña: "Germà-Obra Port 40M", con fecha 16 de diciembre del 2011.

En la misma página, justo dos asientos por debajo de la referencia del político y la obra del puerto, se localiza un extracto con el epígrafe “UTE Port. Amb Comsa-ACSA-B. ARNO”. Según los investigadores, esta “concatenación de citas y reuniones” corresponden a gestiones previas orientadas a conseguir la licitación de la obra, que al final se adjudica a un grupo de empresas entre las que está Copisa. Tras la adjudicación, según los investigadores, se producen una serie de reuniones entre Viloca y Tauler y, a continuación, donaciones a las fundaciones CatDem y Fórum Barcelona, vinculadas a CDC. En total: 100.000 euros.

NOMBRES CODIFICADOS

Los agentes destacan en otros informes incluidos en la causa las presuntas irregularidades en la adjudicación de varias obras públicas y, como en otras ocasiones, los directivos de una misma empresa “codifican” los nombres de las personas que consideran “absolutamente relevantes y determinantes” y con “gran influencia política” y con poder decisorio. De ahí que la Guardia Civil considere que Gordó está detrás del apodo 'Gerardo'.

En un correo remitido entre dos directivos de Oproler, por ejemplo, bajo el título 'Informes diarios temas comerciales', uno de los ejecutivos le dice a otro: “Salvo los aspectos de los temas y las identidades de las personas que soló tú y yo debamos conocer, deben enviar cada día un informe...”. Otros correos electrónicos cruzados entre empleados de la misma empresa son, en opinión de los investigadores, muy relevantes. En uno de ellos, referente a la evaluación de una obra en una cantidad concreta, se establece que la tasación debe hacerse “incluyendo el 3% del señor conseguidor”.