El PP y el PSOE se reparten en el Senado cuatro plazas del Constitucional

El PP y el PSOE se repartieron este miércoles en el Senado las cuatro plazas del Tribunal Constitucional (TC) que corresponde renovar a la Cámara alta. Sin buscar apenas el acuerdo con el resto de formaciones, los dos partidos mayoritarios alcanzaron un pacto para designar a los nuevos candidatos al tribunal, que cuenta con 12 magistrados y entre cuyos cometidos figura resolver los conflictos que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy contra el órdago independentista que llega del Parlament.

Los magistrados, elegidos por la Comisión de Nombramientos del Senado, deberán ser ratificados la semana que viene por tres quintas partes del pleno, un porcentaje que socialistas y conservadores rebasan con amplitud.

LOS INTEGRANTES

Ricardo Enríquez, que repite como miembro del TC al llevar menos de tres años, porque entró en sustitución del fallecido Rafael Hernando; y el catedrático de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya fueron los propuestos por parte del PP, mientras que el PSOE postuló a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer y al magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido.

Cuando se produzca la renovación y el pleno del Constitucional vuelva a estar completo tendrá que reunirse para elegir a su nuevo presidente. El actual, Francisco Pérez de los Cobos, se encuentra en el cupo de los cuatro cuyo mandato concluyó en diciembre. La tradición fija que el presidente sea elegido entre los cuatro magistrados más antiguos, cuya renovación llegará antes. La posibilidad de un veto hacia uno de ellos, Andrés Ollero, exdiputado del PP, levantó las suspicacias de los integrantes del alto tribunal. El PSOE también considera que no es la persona adecuada para ese puesto.   

EL DESENCUENTRO

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La sesión parlamentaria, en la que los cuatro magistrados elegidos expusieron cómo esperan desarrollar su nuevo cometido, arrojó un resultado de 211 votos a favor, pero estuvo marcada por el desencuentro con el resto de grupos, que bien se abstuvieron, bien optaron por no participar en la votación. Ni Ciudadanos ni Podemos quisieron entrar en las negociaciones. Consideran que se trata de un mero "amaño", algo que niegan los dos partidos mayoritarios.

"El procedimiento está amparado por la legalidad y no puedo aceptar que se califique de amaño", dijo el portavoz del PP, José Manuel Barreiro. "No es admisible que se hable de amaño", insistió su homólogo en el PSOE, Vicente Álvarez Areces, recordando que otros partidos ahora críticos, como ERC, participaron en este proceso en el pasado. "Se anula un procedimiento cuando le interesa a un partido", concluyó.