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El juez reabre el caso de la caja b del PP

Cita a declarar a Correa después de que en el juicio de 'Gürtel' admitiese haber recibido comisiones de empresarios por adjudicaciones

También comparecerán el empresario García Pozuelo y Plácido Vázquez, señalado por el jefe de la trama

ÁNGELES VÁZQUEZ / MADRID

Francisco Correa, a su llegada a la Audiencia Nacional para acudir al juicio del caso Gürtel.

Francisco Correa, a su llegada a la Audiencia Nacional para acudir al juicio del caso Gürtel. / EFE / EMILIO NARANJO

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata se ha tomado su tiempo, pero finalmente ha accedido a la petición de las acusaciones y ha acordado reabrir el caso en el que se ha investigado la caja b del PP. En su auto, califica de "relevantes y útiles" las declaraciones que Francisco Correa prestó en el juicio de la primera época de la 'Gürtel' en las que admitía haberse repartido comisiones con dirigentes del PP obtenidas a cambio de adjudicaciones públicas.

Primero fueron las acusaciones que ejercen Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) en la causa, quienes reclamaron su reapertura tras la confesión del considerado cabecilla de la trama corrupta. Después, la Fiscalía Anticorrupción avaló parcialmente la petición y su criterio es el que finalmente ha seguido por el magistrado. 

Así, De la Mata ha citado a declarar como imputados (ahora investigados) a Correa y al expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo para el 23 de marzo, y al día siguiente, a Plácido Vázquez, al que el primero identificó como la persona a la que recurrían empresarios para buscar su mediación a la hora de lograr adjudicaciones. En ese caso, Correa acudía al extesorero del PP Luis Bárcenas, que, cuando tuvo que comparecer ante el tribunal que juzga la primera época de la Gürtel, negó tajantemente la versión dada por el principal acusado.

VERSIÓN ANTE EL TRIBUNAL

Ante el tribunal, Correa apuntó a OHL, Dragados y al grupo ACS como las empresas que se dirigían a él o a Vázquez para conseguir contratos en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente a través de la mediación del PP. 

En concreto, relató que su práctica habitual era intermediar con Bárcenas y el exdirigente del PP y exmarido de la exministra Ana MatoJesús Sepúlveda, para que los empresarios que colaboraban con el partido fueran los adjudicatarios de contratos públicos. Para no ir más allá, en cuanto pudo añadió que "en el asunto de la financiación" ignoraba "la finalidad del dinero entregado", aunque luego admitió que Bárcenas le dijo que era para el partido.

"Venia un empresario, nos daban la licitación, y yo se lo pasaba a Luis Bárcenas. Él la gestionaba con el correspondiente ministerio y el empresario, si era adjudicatario, me entregaba un porcentaje del 2 o 3% y yo se lo llevaba a Génova", detalló.

PENDIENTE DE JUICIO

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ya fue investigado en el caso de la contabilidad b del PP que Bárcenas reflejaba en la contabilidad paralela que seguió durante años, junto con García Pozuelo, pero el juez les levantó esa imputación, al igual que al resto de empresarios investigados, al no poderse acreditar una conexión entre las donaciones que hacían al partido y las adjudicaciones de obra pública que conseguían. La peticiòn de volver a citar a Villar Mir ha sido rechazada por el magistrado, al igual que la de imputar en esta pieza al expresidente balear Jaume Matas

El expropietario de Constructora Hispánica se negó a declarar en esta causa, pero en el juicio de la primera época de Gürtel se situó entre los acusados arrepentidos y admitió que parte del dinero que entregaba era para "organismos centrales", lo que casa bien con los ministerios citados por Correa. Ni este empresario ni Vázquez han declarado nunca en la pieza abierta al trascender los 'papeles' de Bárcenas.

En el procedimiento, que hasta esta decisión estaba sólo a pendiente de juicio, sólo seguían imputados los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, su exgerente Cristóbal Páez y los dos proietarios y una empleada de la empresa Unifica, que cobró en negro parte de la reforma que hizo en la sede central del PP, en la calle Génova, en Madrid.

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