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EL 'CASO ERE'

Un exalto cargo de la Junta de Andalucía juzgará a Chaves y Griñán

El juez Pedro Izquierdo, secretario de Justicia con ambos expresidentes y elegido por sorteo, no plantea inhibirse

JULIA CAMACHO / SEVILLA

El juez Pedro Izquierdo, elegido ponente del juicio contra Chaves y Griñán.

El juez Pedro Izquierdo, elegido ponente del juicio contra Chaves y Griñán. / EFE / JULIO MUÑOZ

La casualidad ha querido, por dos veces, que un exalto cargo de la Junta de Andalucía sea el magistrado ponente del tribunal que deberá encausar a Manuel Chaves y José Antono Griñán por la considerada pieza politica del 'caso ERE'. El juez Pedro Izquierdo, que fue secretario general de Justicia en la Administración regional entre el 2008 y el 2014 --justo bajo el mandato de ambos expresidentes--ya ha anunciado que no piensa inhibirse y que serán las partes las que deban pedir su recusación.

Izquierdo es presidente de la Sección Primera de la Audiencia. Un sorteo celebrado el jueves determinó que sería esta sección la encargada de enjuiciar la causa que afecta a los dos expresidentes andaluces y otros 24 exaltos cargos de sus gobiernos. Este viernes ha sido un nuevo sorteo, esta vez interno, el que ha determinado quienes de los cinco jueces integrantes de la sala serían los ponentes de la causa. En este caso, Izquierdo, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que, en principio, Izquierdo sería el encargado de presidir dicha vista oral.

SIN BASE PARA INHIBIRSE

Aunque al conocerse el jueves que sería su sección la encargada del juicio el juez dio a entender que se retiraría ("tomaré la decisión que tenga que tomar", dijo), este viernes ha anunciado que no se plantea inhibirse porque "no existe causa legal" para ello. Izquierdo ha considerado además que su etapa en el Gobierno autonómico fue "enriquecedora profesional y personalmente", y ha expresado su orgullo de "haber servido" a la región.

Posibles causas de abstención

La ley orgánica del poder judicial recoge en el artículo 219 las causas por las que podría solicitarse la recusación y abstención de un miembro de un tribunal. Se establecen hasta 16 causas, una de las cuales hace referencia precisamente al hecho de "haber ocupado el juez o magistrado cargo público o administrativo con ocasión del cual haya podido tener conocimiento del objeto del litigio y formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad". También plantea la incompatibilidad al haber ocupado "cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

 Así, según recoge Efe, ha explicado que enviará un escrito a las partes personadas para que planteen, en su caso, un incidente de recusación si consideran que con su elección como ponente "puede verse comprometido el desarrollo jormal de la acitidad del tribunal". Las partes tendran ahora un plazo de 10 días para plantear un incidente de recusacion.

CAUSA COMPLEJA

El TSJA planteó la fórmula del sorteo para enjuiciar la causa política de los ERE como fórmula para dar mayores garantías a un proceso de "especial complejidad y de singular trascendencia mediática", en el que las partes deberán estudiarse un sumario compuesto por 38 tomos y más de 14.200 folios. La suerte debía decidir entre las secciones Primera, Tercera y Cuarta, dado que la Sección Séptima --donde está la primera instructora del caso, Mercedes Alaya-- había sido descartada por haberse encargado de resolver los diferentes recursos del caso.

La considerada pieza política de los ERE, que llegará a la vista oral este año, trata de determinar si existió algún tipo de decisión en las instancias más altas de la Junta de Andalucía para implantar un procedimiento inadecuado con el que pagar las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, fórmula que facilitó la discrecionalidad y la opacidad y permitió la inclusión de intrusos. El juicio sentará en el banquillo a los expresidentes Chaves y Griñán, acusados de prevaricación y prevaricación y malversación de fondos públicos, respectivamente, así como a otros 24 exaltos cargos del Ejecutivo andaluz, entre ellos varios exconsejeros. La fiscalía pide penas de hasta seis años de cárcel para ellos.

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